Portada: Monero Hernández
(07 DE SEPTIEMBRE, 2026).-A casi tres décadas del rescate bancario impulsado durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el Estado mexicano continúa destinando recursos públicos al pago de una deuda cuyo capital no disminuye, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum. Según la mandataria, cada dos años se transfieren alrededor de 50 mil millones de pesos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero de las obligaciones del Fobaproa.
El problema, explicó, es que esos recursos solamente cubren una parte de los intereses. Para atender el capital y los intereses restantes, el gobierno debe contratar nueva deuda, un mecanismo que prolonga indefinidamente una carga financiera originada en la década de 1990.
Los datos fueron proporcionados a la Presidenta por el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. A diferencia de un crédito convencional, en el que los pagos periódicos reducen progresivamente el saldo, las obligaciones asociadas con el Fobaproa se mantienen mediante refinanciamientos. En los hechos, el país paga miles de millones de pesos sin acercarse a liquidar el adeudo.
“Sólo se paga una parte de los intereses con bonos”, señaló Sheinbaum, quien sostuvo que, bajo este esquema, México podría no terminar nunca de cubrir el costo del rescate bancario.
Sheinbaum responsabilizó a los gobiernos neoliberales, particularmente al de Zedillo, por trasladar a la población las pérdidas del sistema financiero. Tras la crisis económica iniciada al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la administración siguiente decidió utilizar recursos públicos para rescatar bancos y grandes empresas.
La contradicción fue profunda: mientras las obligaciones de instituciones financieras y grupos empresariales fueron absorbidas por el Estado, miles de familias quedaron expuestas al aumento de las tasas de interés y a la pérdida de su patrimonio. Personas que habían adquirido viviendas, maquinaria o tractores tuvieron que entregar sus bienes al no poder cubrir deudas que se volvieron impagables.
El rescate protegió a los grandes actores financieros, pero no ofreció condiciones equivalentes a quienes enfrentaban créditos desbordados por la crisis. De acuerdo con Sheinbaum, la falta de oportunidades y la ruina patrimonial también empujaron a numerosos mexicanos a migrar hacia Estados Unidos.
La conversión de pasivos privados en deuda pública representa una de las decisiones económicas más costosas y cuestionadas de la historia reciente. Sus consecuencias no quedaron confinadas al gobierno de Zedillo: continúan absorbiendo recursos que podrían destinarse a servicios públicos, infraestructura o programas sociales.
Sheinbaum utilizó el caso para advertir sobre un posible regreso de las fuerzas políticas que gobernaron durante ese periodo y reiteró que su administración mantendrá el proyecto de transformación. Más allá de la disputa electoral, el saldo del Fobaproa evidencia una desigualdad todavía vigente: los bancos fueron rescatados en el momento de la crisis, pero la factura quedó en manos de varias generaciones de mexicanos.
