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(07 DE SEPTIEMBRE, 2026).-La celebración del Mundial de Futbol 2026 profundizó la gentrificación y vulneró sistemáticamente el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible en las ciudades mexicanas que recibieron partidos, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En su Informe Especial sobre Derechos Humanos y Gentrificación: México 2026: el año del Mundial de Futbol, el organismo sostuvo que el torneo aceleró la especulación inmobiliaria, la turistificación y el desplazamiento de familias de bajos ingresos que durante años habitaron barrios cercanos a los estadios.
Entre las principales consecuencias se encuentran el aumento desproporcionado de las rentas, la transformación de viviendas en alojamientos turísticos de corta estancia y la expulsión de poblaciones históricamente arraigadas hacia las periferias. Las afectaciones fueron mayores para mujeres, comunidades indígenas y trabajadores informales, quienes enfrentaron más obstáculos para conservar o conseguir una vivienda.
La CNDH advirtió que esos efectos no pueden presentarse simplemente como consecuencias inevitables de un acontecimiento internacional. Cuando existen medidas institucionales capaces de prevenirlos, pero las autoridades no las aplican, señaló, se configura una responsabilidad jurídica.
Aunque la gentrificación ya existía en los alrededores del antiguo Estadio Azteca, en la Ciudad de México, el Mundial intensificó el fenómeno. Las rentas aumentaron entre 20 y 600 por ciento, dependiendo de la cercanía con el recinto y de las características del inmueble.
Un incremento de 600 por ciento implica que algunos alquileres llegaron a multiplicarse por siete durante el periodo previo al torneo. Para la CNDH, la amplitud de los aumentos confirma tanto la magnitud del impacto como la ausencia de controles eficaces para contener la especulación.
El organismo también alertó que los precios no necesariamente regresaron a sus niveles anteriores una vez concluido el campeonato. De esta manera, un evento temporal dejó consecuencias permanentes para quienes perdieron la posibilidad de pagar una vivienda en sus propias colonias.
La CNDH pidió a los gobiernos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey establecer sistemas para supervisar las rentas durante acontecimientos masivos, crear mecanismos accesibles de denuncia y aplicar sanciones a quienes incumplan la regulación.
El informe también evidencia el rezago del Gobierno capitalino. Aunque Clara Brugada prometió medidas para contener la gentrificación, regular los alojamientos temporales y crear una defensoría de los inquilinos, a dos años de su administración no existen avances sustanciales.
Las propuestas anunciadas no se han convertido en una iniciativa integral enviada al Congreso de la Ciudad de México. Mientras las autoridades prolongan la discusión, el mercado inmobiliario y las plataformas de hospedaje continúan modificando el uso habitacional de barrios enteros.
La falta de regulación no perjudica únicamente a quienes viven cerca de los estadios o utilizan plataformas como Airbnb. La conversión de viviendas en alojamientos turísticos reduce la oferta disponible y presiona los precios en otras zonas de la ciudad. Como resume la CNDH, incluso las familias que nunca han recurrido a estas plataformas terminan pagando sus consecuencias.
El Mundial dejó ganancias para empresas, operadores turísticos y propietarios inmobiliarios, pero parte de sus costos sociales recayó sobre quienes habitaban las ciudades sede. El diagnóstico de la CNDH cuestiona así el discurso oficial de los beneficios del torneo: detrás de la promoción internacional y la derrama económica quedaron rentas impagables, desplazamientos y autoridades que no garantizaron el derecho a la vivienda.
