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(07 DE SEPTIEMBRE, 2026).-Organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, colectivos ciudadanos y representantes de la izquierda chilena marcharon hasta el Cementerio General de Santiago para homenajear a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y exigir que no se permita la impunidad.
La movilización, realizada desde hace más de tres décadas, adquirió especial relevancia durante el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, identificado históricamente con el pinochetismo. Sectores afines al mandatario han promovido la liberación o el indulto de personas condenadas por violaciones graves a los derechos humanos.
Durante sus primeros seis meses de gobierno, Kast no ha concedido esos beneficios. Sin embargo, su administración ha manifestado que está dispuesta a analizar las solicitudes que sean presentadas. La posibilidad también podría alcanzar a policías y militares condenados por abusos cometidos durante el estallido social iniciado en octubre de 2019.
Los familiares de las víctimas insistieron en la necesidad de conservar la memoria histórica y rechazaron cualquier medida que favorezca la impunidad. La marcha concluyó frente al memorial del cementerio capitalino, donde están inscritos los nombres de más de 3 mil personas asesinadas o desaparecidas después del golpe de Estado de 1973.
A más de cinco décadas del inicio de la dictadura, continúa sin conocerse el destino de alrededor de mil 500 víctimas. Sus familias han exigido reiteradamente que las Fuerzas Armadas entreguen información sobre el paradero de sus restos.
Representantes de la izquierda advirtieron sobre el riesgo de establecer mecanismos de impunidad tanto para los crímenes de la dictadura como para las violaciones a los derechos humanos registradas durante las protestas de 2019.
La jornada también estuvo marcada por enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía, que derivaron en la detención de aproximadamente 24 personas.
El caso expone una modalidad de intervención electoral difícil de rastrear: empresas extranjeras, operadores anónimos y páginas disfrazadas de medios locales que coordinan propaganda desde varios países. También coloca bajo cuestionamiento a Meta, cuyas plataformas permitieron financiar y amplificar miles de mensajes políticos sin que las audiencias conocieran con claridad quién estaba detrás de ellos ni qué intereses buscaban influir en la elección peruana.
