Portada: Jerge
(19 DE AGOSTO, 2026).-Washington impuso sanciones contra Tomoko Akane y Abdoulaye Seye por su papel en investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes cometidos en Gaza.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el fiscal senegalés Abdoulaye Seye, en una nueva escalada de la confrontación entre Washington y el tribunal con sede en La Haya.
El anuncio fue realizado este martes por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien acusó a la CPI de ser una institución “corrupta” y “fatalmente politizada”.
Según Washington, Akane y Seye participaron directamente en acciones destinadas a investigar, detener o procesar a funcionarios de países que no han aceptado la jurisdicción de la CPI.
El tribunal rechazó las acusaciones y sostuvo que las sanciones representan una amenaza para el Estado de derecho, al considerar que presionar a jueces y funcionarios por aplicar normas internacionales pone en riesgo el sistema jurídico global.
Rubio promete debilitar y “desmantelar” la CPI
Las nuevas sanciones forman parte de una ofensiva más amplia de la administración de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional.
El pasado 13 de julio, Rubio anunció que Washington emprendería una campaña diplomática destinada a debilitar y eventualmente desmantelar el tribunal.
En un artículo publicado en The Wall Street Journal, acompañado de un mensaje en redes sociales, el secretario de Estado sostuvo que la estrategia estadounidense parte de la defensa de la soberanía de los Estados frente a lo que calificó como “globalismo”.
Rubio advirtió que Estados Unidos utilizará los recursos disponibles y buscará el respaldo de sus aliados para acabar con la CPI, “ladrillo por ladrillo si es necesario”.
El funcionario presentó el enfrentamiento como una disputa jurídica en la que, según su interpretación, la CPI y sus aliados estarían librando una “guerra” contra Estados Unidos mediante tratados, normas y mecanismos de derecho internacional.
Washington sostiene que el tribunal representa una amenaza para integrantes de sus fuerzas de seguridad y funcionarios, incluidos agentes de la Patrulla Fronteriza, militares y fiscales especializados en terrorismo.
Gaza, uno de los principales puntos de conflicto
La confrontación entre Washington y la CPI se intensificó después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra dirigentes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
Las investigaciones relacionadas con la guerra en Gaza se encuentran entre los principales puntos de tensión entre Estados Unidos y la CPI.
Washington rechaza que el tribunal pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y considera que las investigaciones relacionadas con militares o funcionarios de Estados Unidos constituyen una intromisión en su soberanía.
Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional y no ha ratificado el Estatuto de Roma, instrumento que establece las facultades y funcionamiento del tribunal.
Washington teme futuras investigaciones contra Trump
La ofensiva estadounidense también tiene una dimensión política y jurídica relacionada con la posibilidad de que la CPI emprenda acciones contra Donald Trump o funcionarios de alto nivel de su gobierno.
De acuerdo con los reportes incluidos en la información, la administración Trump incluso habría presionado para modificar el Estatuto de Roma con el objetivo de impedir que el tribunal pueda investigar o procesar al presidente estadounidense cuando concluya su mandato en 2029.
Una modificación de esa naturaleza requeriría el respaldo de dos terceras partes de los 125 Estados miembros de la CPI, por lo que implicaría un proceso complejo y prolongado.
Estados Unidos suma nueve funcionarios sancionados en 2026
Con las nuevas medidas contra Akane y Seye, Estados Unidos ha sancionado durante 2026 a nueve funcionarios vinculados con la Corte Penal Internacional.
Hasta ahora, Washington ha optado por sancionar individualmente a integrantes del tribunal en lugar de imponer medidas directamente contra la institución.
La ofensiva ocurre además después de que tres jueces de la CPI presentaran en Nueva York una demanda contra el gobierno de Trump, argumentando que las sanciones estadounidenses contra funcionarios del tribunal son ilegales.
La CPI ha denunciado que las acciones de Washington buscan debilitar la independencia de una institución judicial respaldada por 125 Estados y que opera bajo el mandato del derecho internacional.
Un conflicto que trasciende Gaza
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional ya no se limita a las investigaciones relacionadas con la guerra en Gaza.
La disputa enfrenta dos posiciones jurídicas y políticas contrapuestas: por un lado, Washington defiende la soberanía de Estados que no reconocen la jurisdicción de la CPI; por otro, el tribunal sostiene que su mandato le permite investigar y procesar los crímenes internacionales contemplados en el Estatuto de Roma.
Las nuevas sanciones contra Akane y Seye representan, así, una nueva fase de la ofensiva estadounidense contra la CPI y aumentan la presión sobre una institución central del sistema internacional de justicia penal.
