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(20 DE AGOSTO, 2026).-El gobierno de Abelardo De la Espriella dejó sin efecto la protección de 1,499 hectáreas de La Baja y anunció una nueva evaluación técnica y jurídica.
El gobierno de Abelardo De la Espriella revocó la protección ambiental de 1,499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el área de influencia del macizo de Santurbán, una decisión que reabre la discusión sobre la protección de los recursos hídricos y el futuro de la minería en la región.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, emitida por el Ministerio de Ambiente, encabezado por Fabio Arjona.
La decisión dejó sin efecto la resolución mediante la cual la administración de Gustavo Petro había declarado la zona como reserva definitiva de recursos naturales renovables.
El Ministerio de Ambiente sostiene que la revocatoria responde a irregularidades identificadas en el procedimiento y que no constituye un pronunciamiento contra los fundamentos científicos o ambientales de la protección.
¿Por qué Colombia revocó la protección de La Baja?
De acuerdo con el gobierno de De la Espriella, el trámite anterior estuvo marcado por cuestionamientos jurídicos.
Entre ellos se encuentra una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, así como una acción de tutela cuya admisión podía comprometer la legalidad del procedimiento.
El Ministerio también señaló que un juzgado administrativo ordenó reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana.
La dependencia aclaró que la revocatoria no significa que haya descartado los argumentos ambientales para proteger la microcuenca. En cambio, anunció una nueva evaluación técnica y jurídica.
El nuevo proceso deberá contemplar la participación de las comunidades y cumplir con las garantías legales correspondientes.
Santurbán: agua frente a minería
La decisión adquiere relevancia porque Santurbán es un territorio estratégico para la regulación y provisión de agua en el noreste de Colombia.
La microcuenca de La Baja se encuentra en el municipio de California, Santander, y forma parte de una zona cuya protección ambiental ha generado durante años una disputa entre comunidades, organizaciones ambientalistas, autoridades y empresas mineras.
La revocatoria de la reserva definitiva deja sin vigencia la protección específica sobre las 1,499 hectáreas, aunque el Ministerio deberá adelantar un nuevo procedimiento antes de definir su situación.
Para organizaciones defensoras de Santurbán, el cambio representa un retroceso en la protección del territorio y genera preocupación por sus posibles efectos sobre las fuentes de agua.
El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció acciones jurídicas y movilizaciones contra la decisión.
Soto Norte, el proyecto minero bajo la lupa
La revocatoria también vuelve a colocar en el centro de la discusión al proyecto aurífero Soto Norte, desarrollado por la empresa canadiense Aris Mining en Santander.
La compañía señala que posee 100 por ciento del proyecto, actualmente en etapa de prefactibilidad. Su diseño contempla una mina subterránea y una capacidad de procesamiento de 3,500 toneladas por día.
Aris Mining reporta además 4.6 millones de onzas de oro en reservas probadas y probables para Soto Norte.
La empresa sostiene que el proyecto está diseñado para proteger los cursos de agua locales y que el agua utilizada en la operación será recolectada, tratada y posteriormente devuelta de manera segura.
La revocatoria, sin embargo, no equivale por sí misma a una autorización para explotar el yacimiento. El proyecto continúa sujeto a los procedimientos y permisos ambientales correspondientes.
Una disputa que vuelve a abrirse
El conflicto en Santurbán enfrenta dos posiciones principales.
Por un lado, organizaciones ambientalistas y sectores de las comunidades defienden la protección de los ecosistemas y de las fuentes hídricas asociadas al macizo.
Por otro, sectores mineros plantean la posibilidad de desarrollar actividades extractivas bajo esquemas de regulación, formalización y controles ambientales.
El propio Ministerio de Ambiente había señalado previamente que la protección de Santurbán debía considerar las fuentes hídricas, la biodiversidad y la participación de las comunidades.
La nueva evaluación determinará ahora qué protección tendrá La Baja y bajo qué condiciones podrá desarrollarse cualquier actividad económica en el territorio.
