(16 DE NOVIEMBRE 2022) Por Violeta Vázquez Rojas Maldonado.
Una oposición que no se opone
«¿Consideras que somos los ciudadanos los que tendríamos que decidir quiénes son nuestros consejeros, quiénes son nuestros magistrados?», les preguntó Juan Becerra Acosta a diferentes manifestantes en la marcha del domingo 13 de noviembre. «Sí, por supuesto», dice uno; «Definitivamente», dice otro, «todos son institutos que son del pueblo»; «por supuesto, no hay duda», responde convencida otra más. Una manifestante le dice, exaltada – y claramente refiriéndose al presidente López Obrador-: «así como le gustan las consultas ciudadanas, que se aviente una consulta ciudadana, con toda esta gente que está aquí» – señala hacia la manifestación- «para que pregunte a la ciudadanía». Una pareja sonriente contesta, con las palabras de él y el asentimiento entusiasta de ella: «sí, por supuesto, tenemos que mantener la autonomía en el INE y nuestra capacidad de autodeterminación como país».
Todas estas personas entrevistadas por Becerra Acosta están de acuerdo en algo que dicen repudiar: el punto de la reforma política propuesta por AMLO en el que se modifica la manera de seleccionar los integrantes del órgano directivo del INE, de modo que ahora se elijan por voto ciudadano directo.
El máximo órgano de decisión dentro del actual Instituto Nacional Electoral es el Consejo General. Está conformado por diez consejeros electorales y un consejero presidente, todos con voz y voto. Además, con voz pero sin voto, lo integran el Secretario Ejecutivo, consejeros del Poder Legislativo (uno por cada fracción parlamentaria) y un representante de cada partido político.
Los consejeros electorales son designados de manera escalonada (es decir, no todos al mismo tiempo) y duran en su encargo nueve años. En 2020 se designaron 4 consejeros, que durarán en su cargo hasta abril de 2029. En 2023 terminan su periodo cuatro consejeros – entre ellos el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova-, y en 2026 terminan su periodo otros tres.
Los consejeros son electos por la Cámara de Diputados, por una mayoría calificada de dos terceras partes. Esto implica que las bancadas negocian, como es costumbre -y como es, de hecho, parte del trabajo parlamentario-, y llegan a acuerdos, lo que también se puede interpretar como “establecen cuotas”. Si aún así no se lograra una mayoría de ⅔ para elegir a un consejero, la ley establece que se le seleccione por insaculación, es decir, al azar.
Entonces, a la pregunta de quién designa a los consejeros electorales, la respuesta es: la Cámara de Diputados. Ahora, el proceso para designar a los candidatos por los cuales votan los diputados es un tanto complejo y lo resumiré muy brevemente. Primero, se emite una convocatoria pública, luego, la Junta de Coordinación Política establece los pormenores del procedimiento (fechas, etapas, plazos) y lo remite al pleno de la Cámara. Se integra al mismo tiempo un Comité Técnico de Evaluación (CTE), formado por siete ciudadanos sin vinculación partidista, que apoya en el proceso de selección, revisando expedientes y registrando a los aspirantes. Los grupos parlamentarios proponen a sus candidatos de entre los aspirantes aprobados por el CTE.
Así como el INE tiene a su cargo, entre otras cosas, la organización de las elecciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el encargado de resolver controversias e impugnaciones electorales y, de manera importante, realizar el cómputo final de la elección presidencial y, en su caso, formular las declaraciones de validez y de presidenta o presidente electo/a. Su Sala Superior está conformada por seis magistrados (actualmente, cuatro hombres y dos mujeres) y un magistrado presidente. Estos magistrados también son designados por periodos de nueve años, pero en este caso, por mayoría calificada (dos terceras partes) de la Cámara de Senadores, y las candidaturas son propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué cambia con la reforma de AMLO? Como se ve, la legislación actual no involucra en ningún momento el voto popular, los aspirantes propuestos por los grupos parlamentarios se votan por los mismos legisladores con una mayoría calificada que requiere de acuerdos, cuotas y balances entre partidos dependiendo de su peso en las cámaras.
En la iniciativa de reforma política enviada por el presidente López Obrador, el proceso de selección de los consejeros electorales, así como el de los magistrados del TEPJF, se modificaría para dar cabida a la participación directa de la ciudadanía. La propuesta de AMLO para la integración del Consejo General del INE es la siguiente: el Poder Judicial, a través de la SCJN propone veinte aspirantes (diez hombres y diez mujeres), el Poder Ejecutivo a través del presidente, propone otros veinte (igualmente diez hombres y diez mujeres) y el Poder Legislativo propone otros veinte (también con paridad de género, diez personas por cámara). Estas listas se someten a una sola elección, en la que participan todos los ciudadanos que votarían en una elección regular.
La organización de la elección estaría a cargo del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y su calificación a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (por razones obvias esta elección no podría ser validada por el TEPJF).
Los consejeros electorales ya no serían once, sino siete, el presidente sería el que obtuviera más votos, no el que sea designado como tal por la Cámara, y durarían en su encargo seis años y no nueve. En lugar de realizar este proceso de manera escalonada, cada vez que un conjunto de consejeros termine su periodo, se realizaría una sola elección, el primero de agosto de cada seis años.
No están especificados los detalles de cómo se integrarían las listas de veinte aspirantes por cada Poder de la Unión, pero sí se propone que tengan acceso a tiempos de radio y televisión para hacer campaña, así como participar en foros y debates, como los candidatos de cualquier elección popular. El plazo que dure la campaña lo determinará la ley correspondiente.
En mi muy personal opinión, una campaña de sesenta candidatos simultáneos con tiempos de publicidad en medios públicos se vislumbra como un reverendo caos. Además, mientras que los veinte candidatos del Poder Legislativo serían resultado de acuerdos y negociaciones entre grupos parlamentarios (aunque al final los grupos mayoritarios tendrían más peso en las designaciones), los veinte propuestos por el Ejecutivo se prestan más a decisiones unipersonales.
El filtro final sería la voluntad popular, pero por experiencia sabemos -por ejemplo, cuando participamos en elecciones internas de partido- que es difícil elegir entre nombres no diferenciados por logos partidistas, más aún cuando se trata de una lista tan nutrida. Ninguno de estos puntos flacos, sin embargo, representa un peligro para la democracia, sino al contrario: son parte de las complicaciones organizacionales que implica un proceso verdaderamente amplio de consulta, como es una elección popular.
Visto así, y regresando a la opinión de los manifestantes entrevistados por Juan Becerra, ¿a qué se oponen quienes se oponen -al menos a este aspecto- a la reforma política? La consigna que convocó a la marcha del 13 de noviembre fue “El INE no se toca”, pero las encuestas levantadas por el mismo instituto revelan que la gente -una gran parte de la cual seguramente estuvo en esa marcha- apoya mayoritariamente que se le reforme: 78% está de acuerdo con que se elija por voto popular a los consejeros y consejeras, 93% está de acuerdo con que se limite el presupuesto de los partidos políticos y 73% apoya que se reduzcan los recursos del Instituto. Por el número de asistentes a la marcha -unas sesenta mil personas, según los cálculos nada mezquinos del presidente-, sería improbable que se tratara exclusivamente de los porcentajes restantes que manifestaron no estar de acuerdo con esas preguntas en la encuesta.
¿Quiénes marcharon, entonces, el domingo? La realidad es: gente del pueblo -aunque prefiere ser llamada “de la ciudadanía”- algunos de ellos con opiniones razonables, como las que recopiló Juan Becerra en su entrevista, y que no se oponen, al menos en su sustancia, a la reforma política: se oponen a que se apruebe cualquier cosa que proponga López Obrador. En ese sentido, no son propiamente opositores (no proponen algo en contra de la propuesta del presidente), sino que son simplemente sus detractores. Configuran una fuerza política amorfa, que a falta de una postura unificadora real, sólo se pueden describir como anti-obradoristas.
Sus contradicciones evidencian que no los guía la razón, los impulsa el resentimiento. Las consignas racistas y clasistas en contra del presidente y sus simpatizantes -arengas que no vale la pena repetir aquí-, delatan que la supuesta “defensa del INE” que los convoca no es sino un pretexto para manifestar su verdadera motivación, que es la fobia contra el proyecto gobernante. Como vemos, pueden tener opiniones sensatas y hasta coincidentes con las del obradorismo, pero su animadversión y sus sesgos de clase no les permiten aceptarlo. Siendo honestos, a muchos de ellos no les falta juicio, sino que les sobra prejuicio.
