SCJN invalida recorte de plazos para precampañas y candidaturas independientes en San Luis Potosí

Shaddai
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Portada: SCJN

(18 DE NOVIEMBRE, 2026).-La Corte determinó que establecer 20 días para todas las precampañas y reducir el tiempo para reunir apoyos ciudadanos restringía injustificadamente la participación política. También validó convenios de pago durante procesos de quiebra y la garantía del interés fiscal para suspender cobros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de la legislación electoral de San Luis Potosí que reducían a 20 días la duración de las precampañas para gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, así como los plazos para reunir el respaldo ciudadano requerido para registrar candidaturas independientes.

Durante la sesión del 18 de noviembre, el Pleno determinó que, aunque los congresos estatales tienen facultades para establecer la duración de las precampañas, deben hacerlo de manera razonable y considerar las diferencias territoriales y organizativas de cada cargo de elección popular.

La Corte consideró que fijar un periodo uniforme de 20 días para las contiendas por la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos, sin una justificación suficiente, no toma en cuenta las distintas condiciones de cada elección.

También declaró inconstitucional la reducción del tiempo para reunir apoyos ciudadanos para las candidaturas independientes. La reforma había disminuido de 40 a 20 días el plazo para quienes aspiraran a la gubernatura, y de 25 a 20 días para las diputaciones y los cargos municipales, sin reducir el porcentaje de respaldo requerido.

De acuerdo con la SCJN, esta modificación dificultaba injustificadamente el cumplimiento de los requisitos legales y restringía el ejercicio del derecho a ser votado o votada.

Para evitar un vacío normativo, el Pleno determinó que deben mantenerse vigentes las disposiciones que regían antes de la reforma invalidada.

La resolución corresponde a la acción de inconstitucionalidad 113/2026 y su acumulada 114/2026.

SCJN valida convenios de pago durante procesos de quiebra

En otro asunto, la Suprema Corte validó el artículo 262, fracción V, de la Ley de Concursos Mercantiles, que permite a las empresas celebrar convenios con sus acreedores durante la etapa de quiebra sin que necesariamente deban garantizar el pago del 100 por ciento de las deudas reconocidas.

El caso surgió de un procedimiento en el que una empresa declarada en quiebra celebró un convenio con acreedores que representaban 90.738 por ciento de su pasivo. Una acreedora que no suscribió el acuerdo promovió un amparo al considerar que podía obligársele a aceptar un convenio que no garantizaba el pago íntegro de su crédito.

Al resolver, el Pleno determinó que la disposición es constitucional, siempre que los acuerdos cumplan las mayorías y los requisitos legales para proteger los derechos de todas las personas acreedoras, incluidas aquellas que no hayan firmado el convenio.

La Corte explicó que los procedimientos de quiebra parten de la imposibilidad de una empresa de cumplir íntegramente sus obligaciones financieras. Por ello, exigir el pago total de las deudas podría impedir acuerdos que permitan recuperar el mayor valor posible del patrimonio disponible.

También señaló que estos convenios pueden evitar que los procedimientos se prolonguen indefinidamente, que los bienes pierdan valor y que disminuyan los recursos disponibles para cubrir los créditos.

La SCJN precisó que los acuerdos aprobados conforme a las mayorías previstas en la ley pueden ser obligatorios para los acreedores que no los suscribieron, pero deben respetar las condiciones y los límites legales establecidos para proteger sus derechos.

El Pleno devolvió el expediente al tribunal colegiado competente para que resuelva los planteamientos de legalidad pendientes sobre el convenio del caso concreto. El asunto fue resuelto en el amparo en revisión 131/2026.

Corte valida garantía del interés fiscal para suspender cobros

En materia fiscal, el Pleno declaró constitucional el artículo 28, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece la obligación de garantizar el interés fiscal para obtener la suspensión de actos relacionados con la determinación, liquidación o cobro de contribuciones y otros créditos fiscales.

El caso tuvo su origen en un crédito fiscal determinado por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de aprovechamientos, actualización, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

La empresa involucrada obtuvo la suspensión definitiva de la ejecución del crédito, pero esta quedó condicionada a que constituyera una garantía del interés fiscal. Inconforme con ese requisito, promovió un recurso de reclamación y posteriormente un juicio de amparo, cuya resolución llegó a la Suprema Corte mediante un recurso de revisión.

La SCJN determinó que la obligación de garantizar el interés fiscal es compatible con los derechos de igualdad y acceso a la justicia. Explicó que las diferencias entre los mecanismos de suspensión de distintos procedimientos no constituyen por sí mismas un trato discriminatorio, pues cada uno responde a finalidades y características particulares.

El Pleno también señaló que el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación establece las modalidades para garantizar el interés fiscal, mientras que el artículo 87 del Reglamento del mismo ordenamiento dispone que corresponde a la autoridad fiscal revisar y aceptar la garantía conforme a los requisitos legales de modalidad, motivo e importe.

La Corte concluyó que estas disposiciones ofrecen certeza sobre el procedimiento para constituir la garantía y las consecuencias jurídicas de hacerlo. La resolución corresponde al amparo en revisión 176/2026.

Los tres asuntos fueron resueltos por el Pleno de la Suprema Corte el 18 de noviembre de 2026. La institución recordó que sus comunicados tienen fines de divulgación y que las sentencias constituyen la versión oficial de sus resoluciones.

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