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(18 DE NOVIEMBRE, 2026).-La legislación reconoce a los animales como seres sintientes, establece sanciones de hasta 2 mil UMA por determinadas infracciones y crea un Registro Nacional de Animales de Compañía y un padrón de personas infractoras.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 18 de noviembre la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con 470 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. El dictamen, que ya había sido avalado por el Senado, fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La nueva legislación reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado por parte de las personas. También establece bases nacionales para prevenir el maltrato y la crueldad, regular las condiciones de cuidado y distribuir las responsabilidades entre autoridades federales, estatales y municipales.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconoció la aprobación del ordenamiento y señaló que representa una herramienta para fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y protección de la fauna silvestre.
La votación en San Lázaro se realizó en lo general y en lo particular en un solo acto. Las dos abstenciones correspondieron a los diputados priistas Andrés Cantú Ramírez y Juan Francisco Espinoza Eguía, ambos de Nuevo León. No hubo votos en contra.
Corridas de toros y peleas de gallos quedarán bajo regulación estatal
Uno de los puntos que generó discusión fue el tratamiento de los espectáculos en los que participan animales. El artículo 7, fracción XXI, establece que las entidades federativas tendrán la atribución de legislar sobre peleas de gallos, corridas de toros, jaripeos, cabalgatas y las distintas suertes de la charrería, bajo el principio de progresividad.
Por tanto, la ley general no establece una prohibición nacional automática de estas actividades: deja su regulación a las legislaturas estatales. El artículo 78 también señala que los espectáculos con animales deberán sujetarse a las disposiciones de bienestar animal.
Durante la discusión, el diputado de Morena Pedro Haces Barba defendió las corridas de toros y las describió como una manifestación cultural con raíces históricas, artísticas y sociales.
Haces, quien es propietario de la empresa taurina Don Bull Productions LLC, sostuvo que la protección animal no debe implicar el desconocimiento automático de las expresiones culturales en las que participan animales. Aunque votó a favor del dictamen, afirmó que no podía ir contra sus ideales y pidió establecer reglas y responsabilidades específicas para estas actividades.
Por su parte, el diputado Jesús Cuanalo Araujo explicó que la legislación busca prevenir el maltrato, establecer condiciones adecuadas para el cuidado y resguardo de los animales, regular la tenencia responsable y fortalecer la vigilancia y las sanciones.
El panista Homero Niño de Rivera también respaldó la creación de un marco general, aunque señaló que las disposiciones deberán considerar las diferencias culturales y las necesidades de cada entidad.
Multas, reparación del daño y sanciones por maltrato
La legislación establece un catálogo de conductas consideradas maltrato o crueldad animal. Entre ellas están provocar sufrimiento o la muerte injustificada, realizar mutilaciones con fines estéticos, privar a los animales de alimento, agua, refugio o atención médica, abandonarlos, transportarlos en condiciones inadecuadas y someterlos a investigaciones que incumplan los protocolos legales y éticos.
También prohíbe las peleas de perros, el uso de animales vivos como propaganda o premios y su utilización en manifestaciones, entre otras conductas.
El artículo 115 contempla sanciones administrativas que, dependiendo de la infracción, pueden alcanzar multas de hasta 2 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de arresto administrativo de hasta 36 horas, clausura de establecimientos y decomiso de animales.

La norma también incorpora la reparación del daño. Quienes incurran en actos de maltrato o crueldad deberán cubrir los gastos de atención médica, medicamentos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y rehabilitación física o conductual necesarios para restituir el bienestar del animal afectado.
Registro Nacional de Animales de Compañía y padrón de infractores
Entre los instrumentos de política pública que contempla la ley se encuentran el Programa Especial de Bienestar Animal, los programas estatales de protección y bienestar, y un programa de estabilización poblacional ética para animales de compañía que no tengan persona tutora y se encuentren en situación de vulnerabilidad.
También crea el Registro Nacional de Animales de Compañía, de carácter obligatorio y gratuito, en el que se inscribirán los animales adquiridos o adoptados para facilitar su identificación y trazabilidad.

A esto se suma un padrón de personas infractoras, que concentrará información de quienes hayan cometido violaciones al ordenamiento. La inscripción procederá cuando la resolución administrativa que determine la infracción haya quedado firme. Mientras permanezcan en el registro, esas personas no podrán recibir apoyos públicos relacionados directamente con el cuidado y bienestar animal ni obtener los permisos y autorizaciones previstos en la ley.
Venta de animales y obligaciones de cuidado
La nueva legislación establece que la comercialización de animales de compañía deberá realizarse en establecimientos registrados y autorizados, bajo criterios de bienestar, salud y trazabilidad.
Entre otras restricciones, contempla medidas contra la venta de animales enfermos, la comercialización en mercados, tianguis, vía pública o vehículos sin autorización, y la entrega de animales como premios o propaganda.

Asimismo, establece obligaciones para quienes tengan animales bajo su cuidado: proporcionar agua y alimento suficientes, atención veterinaria preventiva y terapéutica, alojamiento adecuado a las necesidades de cada especie y condiciones que permitan su bienestar físico, mental y conductual.
La aprobación de la ley representa un avance en el cumplimiento del compromiso 25 de la presidenta Claudia Sheinbaum, relacionado con la prohibición del maltrato animal. Sin embargo, su aplicación dependerá de la publicación del decreto, la emisión de las disposiciones reglamentarias y la coordinación de las autoridades de los distintos niveles de gobierno.






