SCJN exige control judicial para acceder a datos de usuarios de telecomunicaciones y amplía derechos de víctimas

Shaddai
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Portada: SCJN

(18 DE NOVIEMBRE, 2026).-El Pleno validó disposiciones sobre conservación de datos y geolocalización, pero estableció que las autoridades necesitan autorización judicial federal para acceder a la información. También determinó que las víctimas pueden solicitar aclaraciones sobre la imputación en un proceso penal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció límites para el acceso de las autoridades a los datos de las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones y fortaleció la participación de las víctimas en los procesos penales, durante su sesión del 17 de noviembre.

En materia de telecomunicaciones, el Pleno validó diversas disposiciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obligan a concesionarios y autorizados a conservar información relacionada con los servicios que prestan, así como a atender requerimientos de las autoridades sobre datos y geolocalización en tiempo real.

La Corte precisó que estas obligaciones no implican conservar el contenido de las comunicaciones, sino únicamente información vinculada con la prestación del servicio. También determinó que el acceso de las autoridades a los datos almacenados debe sujetarse a controles judiciales y a las disposiciones constitucionales de protección de la privacidad y los datos personales.

De acuerdo con el criterio del Pleno, para obtener esa información las autoridades requieren una autorización judicial federal fundada y motivada, en la que se identifique a las personas involucradas, el periodo solicitado y las razones que justifican la entrega, conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sobre la geolocalización en tiempo real, la SCJN reiteró que se trata de una medida distinta a la intervención de comunicaciones privadas, pues permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo móvil, pero no acceder al contenido de las conversaciones ni a los datos derivados del proceso comunicativo.

La medida, sin embargo, debe provenir de una autoridad competente y cumplir los requisitos legales de fundamentación y motivación. El asunto fue resuelto en el amparo en revisión 193/2026.

SCJN amplía participación de las víctimas en procesos penales

En otra resolución, el Pleno determinó que tanto las personas imputadas y sus defensas como las víctimas y sus asesorías jurídicas pueden solicitar a la persona juzgadora de control aclaraciones o precisiones sobre la imputación formulada por el Ministerio Público.

La decisión se refiere al artículo 311, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), cuya constitucionalidad fue validada bajo una interpretación que garantiza la igualdad procesal y la participación efectiva de las víctimas.

El caso tuvo su origen en una denuncia por violación sexual contra una adolescente en la Ciudad de México. Después de que se dictó un auto de vinculación a proceso, un tribunal de apelación revocó esa determinación, emitió un auto de no vinculación y sobreseyó la causa penal con efectos de sentencia absolutoria, al considerar que el delito no había ocurrido.

La víctima promovió un amparo, que le fue negado, y posteriormente interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte.

Al resolver el asunto, el Pleno determinó que el tribunal colegiado que negó el amparo no cumplió con su obligación de juzgar con perspectiva interseccional, de género e infancia. La Corte señaló que no basta con mencionar los estándares aplicables: es necesario verificar que se incorporen efectivamente en el análisis y valoración de los datos de prueba.

También destacó que, en los casos de violencia sexual, las declaraciones de las víctimas constituyen elementos probatorios fundamentales, debido a las circunstancias en las que suelen cometerse estos delitos. Por ello, las posibles inconsistencias en sus relatos deben analizarse de manera contextualizada, considerando las experiencias traumáticas, la edad y las condiciones particulares de cada víctima, sin desacreditarlas automáticamente.

La SCJN recordó que para dictar un auto de vinculación a proceso no se requiere el mismo grado de certeza que para emitir una sentencia condenatoria. En esa etapa deben existir datos que permitan sostener razonablemente que ocurrió un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que la persona imputada participó en él.

Como resultado, el Pleno devolvió el asunto al tribunal colegiado para que emita una nueva resolución, con libertad de jurisdicción y conforme a los criterios establecidos por la Corte. La decisión corresponde al amparo directo en revisión 3029/2026.

Corte valida arancel de 35% para una fracción de productos de plástico

En materia de comercio exterior, la SCJN validó el decreto que modificó la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, específicamente en la fracción arancelaria 3920.49.99, que establece temporalmente un arancel de 35% para los productos comprendidos en ella.

El Pleno explicó que el artículo 131 de la Constitución faculta al Ejecutivo federal para modificar cuotas de importación y exportación, restringir o prohibir el ingreso y salida de mercancías, así como establecer nuevas tarifas cuando lo considere necesario para regular el comercio exterior, la economía nacional y la producción del país.

La Corte sostuvo que estas facultades permiten al Ejecutivo responder con rapidez a circunstancias relacionadas con el intercambio comercial y la economía. El asunto fue resuelto en el amparo en revisión 308/2026.

Validan sanciones por prestar servicios de telecomunicaciones sin autorización

Finalmente, el Pleno declaró constitucionales los artículos 298, inciso E, fracción I, y 299, párrafo tercero, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establecen sanciones para quienes presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización.

La Suprema Corte consideró que las disposiciones cumplen con el principio de seguridad jurídica, porque permiten conocer anticipadamente qué conductas pueden ser sancionadas y cuáles son las consecuencias previstas, sin dejar la determinación de las sanciones al arbitrio de la autoridad.

La resolución corresponde al amparo en revisión 316/2026.

Los cuatro asuntos fueron resueltos por el Pleno de la Suprema Corte el 17 de noviembre de 2026. La propia institución advirtió que su comunicado tiene fines de divulgación y que las sentencias constituyen la versión oficial de las resoluciones.

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