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(29 DE OCTUBRE, 2026).-El senador colombiano Iván Cepeda anunció nuevas acciones judiciales contra el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por presuntas irregularidades relacionadas con negocios de tierras, posibles vínculos con personas asociadas al narcotráfico y actuaciones de funcionarios públicos.
Durante un debate de control político sobre la política agraria en el Congreso, Cepeda, integrante del Pacto Histórico, señaló una presunta relación entre De la Espriella y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como “comandante Barbie”, a quien vinculó con actividades de narcotráfico y despojo de tierras.
El senador anunció que presentará acciones penales en Colombia y enviará documentación a autoridades judiciales de Estados Unidos y a legisladores demócratas. Este anuncio no implica que las autoridades estadounidenses hayan abierto una investigación.
Cuestionamientos por tierras y vínculos con grupos narcoparamilitares
Cepeda también cuestionó la actuación de De la Espriella como abogado de integrantes de organizaciones narcoparamilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010. Según el legislador, es necesario investigar si las relaciones profesionales y comerciales señaladas tuvieron vínculos con operaciones para legalizar terrenos presuntamente arrebatados a familias campesinas.
El senador enmarcó sus acusaciones en lo que calificó como una “contrarreforma agraria” del actual gobierno. Sostuvo que determinadas políticas beneficiarían a clanes terratenientes, la gran minería y la agroindustria, en perjuicio de campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Los señalamientos forman parte de los argumentos expuestos por Cepeda durante el debate y deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Cepeda también señala al ministro de Agricultura
El legislador anunció además una denuncia contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por presuntamente proteger al padre del presidente, Abelardo de la Espriella Juris, a quien señaló como propietario de una finca que ocuparía terrenos de la nación.
En respuesta, el Ministerio de Agricultura difundió un comunicado en el que cuestionó un posible uso abusivo de los mecanismos de control político, sin responder de fondo a las acusaciones descritas, según el material disponible.
Las acciones anunciadas buscan que las autoridades examinen los posibles vínculos entre operaciones sobre tierras, intereses privados y decisiones gubernamentales. La presentación de denuncias o la difusión de señalamientos no determina por sí misma la existencia de delitos ni la responsabilidad de las personas mencionadas.
