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(26 DE OCTUBRE, 2026).-La Cámara de Diputados impulsará una comisión investigadora y convocará al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para que explique las decisiones. El gobierno suspendió la tramitación de nuevos decretos mientras promueve cambios legales.
El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta una controversia política y judicial en Chile por la reducción de penas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. De acuerdo con una investigación del portal Interferencia, los beneficios corresponden a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación. Los decretos fueron emitidos entre marzo y septiembre de 2026.
La polémica se centra en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien defendió las resoluciones al argumentar que tienen sustento legal y se apoyan en criterios establecidos previamente por la Corte Suprema.
Sin embargo, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, aclaró que los decretos que autorizaron las reducciones fueron dictados por el ministro en ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo. También señaló que los tribunales intervienen en estos asuntos cuando reciben recursos judiciales.
Congreso chileno pedirá explicaciones al ministro
Ante los cuestionamientos, la Cámara de Diputados anunció la conformación de una comisión investigadora y una sesión especial para que Rabat explique las decisiones de su cartera. Desde la oposición también han surgido exigencias de renuncia o destitución del secretario de Estado.
El ministro anunció que suspenderá la tramitación de nuevos decretos de reducción de penas mientras el gobierno impulsa, con carácter urgente, reformas legales para impedir que estos beneficios alcancen a personas condenadas por delitos sexuales contra menores antes de 2022.
La suspensión se refiere a los decretos que todavía están en trámite. En la información difundida hasta ahora no se ha precisado qué ocurrirá con las reducciones ya autorizadas, una cuestión que el Ejecutivo deberá aclarar ante el Congreso.
La reforma de 2022 y la discusión sobre la irretroactividad
La controversia se relaciona con una reforma legal promulgada en febrero de 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, que excluyó a determinados condenados por delitos sexuales contra menores de los beneficios de reducción de condena previstos en la legislación chilena.
El Ministerio de Justicia sostiene que esa restricción no puede aplicarse a hechos cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma. Para fundamentar su postura, Rabat invoca fallos anteriores de la Corte Suprema que acogieron recursos de amparo presentados por personas condenadas en circunstancias similares.
La discusión gira en torno al principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de una persona condenada y a la forma en que debe aplicarse la exclusión establecida en 2022. Sin embargo, la existencia de fallos previos no significa que las 56 reducciones fueran ordenadas individualmente por la Corte Suprema: los decretos cuestionados fueron emitidos por el Ministerio de Justicia.
La comisión investigadora y la sesión especial anunciadas por la Cámara deberán contribuir a esclarecer los fundamentos de las decisiones, el procedimiento seguido por el Ministerio y las consecuencias de las reducciones ya concedidas.
