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(20 DE OCTUBRE, 2026).-Organizaciones sociales denuncian restricciones a contenidos vinculados con Lula da Silva. El Tribunal Superior Electoral dio 24 horas a Meta para demostrar que garantiza un trato equitativo a ambas campañas y elevó a un millón de reales la multa diaria por incumplimiento.
A seis días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, organizaciones sociales y colectivos por los derechos digitales protestaron frente a las oficinas de Meta en São Paulo para denunciar una presunta interferencia de sus plataformas en la contienda entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

La movilización se realizó el lunes 19 de octubre en la avenida Faria Lima, bajo la consigna “Meta, no se meta en nuestra elección”. Los participantes acusaron a la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp de restringir contenidos vinculados con Lula y de favorecer, mediante sus sistemas de recomendación, publicaciones relacionadas con su adversario.
La protesta coincidió con una nueva resolución del Tribunal Superior Electoral (TSE), que dio a Meta un plazo de 24 horas para demostrar que cumple las medidas destinadas a garantizar condiciones equitativas para las campañas presidenciales. La segunda vuelta está programada para el domingo 25 de octubre.
Las denuncias se apoyan, entre otros elementos, en reportes sobre comunicaciones internas de empleados de Meta que señalarían restricciones a cuentas de Lula y una mayor visibilidad de contenidos relacionados con Flávio Bolsonaro. La empresa ha atribuido los problemas a fallas técnicas y niega favorecer deliberadamente a una candidatura.
Organizaciones exigen transparencia a los algoritmos de Meta
La protesta fue convocada por organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, entre ellos CTRL+Z, Código Não Binário, Artigo 19, Diracom, el Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação y Sleeping Giants Brasil.
Las agrupaciones exigieron transparencia sobre los criterios utilizados para distribuir, recomendar, restringir o eliminar contenidos políticos. También reclamaron mecanismos de apelación, auditorías independientes y medidas de reparación ante posibles afectaciones a periodistas, activistas y organizaciones sociales.
Durante la movilización, representantes intentaron entregar un documento con sus demandas a la empresa, pero, de acuerdo con los organizadores y reportes de medios brasileños, no fueron recibidos formalmente.
Las organizaciones advierten que la concentración de la comunicación digital en empresas privadas puede afectar el debate público cuando decisiones automatizadas modifican la visibilidad de los mensajes políticos sin explicaciones suficientes.
La denuncia central es que los sistemas de moderación y recomendación de las plataformas pueden incidir en la circulación de información electoral. Determinar si existió un trato desigual deliberado requiere, sin embargo, examinar los datos técnicos y las explicaciones de la compañía.
Tribunal electoral exige explicaciones y eleva la multa
El ministro Marco Aurélio Bellizze, del Tribunal Superior Electoral, dio a Meta 24 horas para demostrar que adoptó medidas para garantizar la igualdad de condiciones en la distribución de publicaciones políticas y la difusión de anuncios de campaña.

La decisión se produjo después de que la empresa no respondiera satisfactoriamente a un requerimiento previo. El tribunal elevó de 500 mil a un millón de reales la multa diaria prevista en caso de incumplimiento.
Entre los aspectos bajo revisión se encuentran las restricciones al impulso de publicaciones, los sistemas de recomendación y las herramientas de inteligencia artificial que podrían producir resultados distintos al consultar información sobre los candidatos.
La campaña de Lula ha denunciado limitaciones para promocionar contenidos en Instagram y problemas con la visibilidad de sus publicaciones. Flávio Bolsonaro, por su parte, solicitó intervenir en el procedimiento al sostener que las decisiones de moderación también podrían haber perjudicado a su campaña.
La controversia no se limita a la cantidad de publicaciones visibles: también plantea preguntas sobre la transparencia de los algoritmos, la publicidad electoral y los mecanismos para corregir errores durante una campaña.

Meta niega favorecer a una candidatura
El martes 20 de octubre, Meta comunicó al tribunal que implementó medidas para garantizar un trato equitativo entre las campañas. Entre ellas, informó que aplicará revisión humana a los bloqueos automatizados de cuentas publicitarias electorales.
La empresa negó favorecer a alguno de los candidatos y sostuvo que está cumpliendo las determinaciones judiciales. También ha atribuido los incidentes reportados a problemas técnicos.
La respuesta de Meta forma parte del procedimiento en curso, pero no elimina la controversia sobre los efectos que las restricciones y los sistemas de recomendación pudieron tener en la difusión de contenidos durante la campaña.

El tribunal deberá valorar la información presentada y determinar si las medidas adoptadas satisfacen sus exigencias.
“Colonialismo digital”: el debate sobre la soberanía tecnológica
La protesta también puso en el centro del debate la concentración del poder informativo en grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Las organizaciones participantes reclaman que las plataformas expliquen cómo toman decisiones que afectan la circulación de información política y que permitan una supervisión efectiva.
El caso abre una discusión sobre la relación entre empresas privadas, soberanía tecnológica y procesos democráticos: qué obligaciones deben cumplir las plataformas durante una elección, cómo se auditan sus algoritmos y qué mecanismos tienen las campañas y la ciudadanía para impugnar decisiones que consideran injustas.

A pocos días de la segunda vuelta, las denuncias contra Meta y el procedimiento del TSE colocan la distribución de contenidos digitales bajo escrutinio público. La cuestión pendiente es si la información técnica entregada por la empresa permitirá aclarar el origen de las restricciones reportadas y verificar que ambas campañas reciben un trato equitativo.






