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(20 DE OCTUBRE, 2026).-El exfiscal fue trasladado al penal del Altiplano por una investigación federal relacionada con un operativo antidrogas en el que habrían participado agentes de la CIA sin autorización federal. Su abogado acusa a la gobernadora de traicionarlo y sostiene que la detención tiene motivaciones políticas.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó que su administración no protegerá a ningún funcionario involucrado en actos ilegales, tras la detención de César Jáuregui Moreno, quien encabezó la Fiscalía General del Estado y enfrenta una investigación federal por el presunto delito de traición a la patria.
El exfiscal fue detenido por autoridades estatales el 17 de octubre, en una causa penal por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido del servicio público. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión federal y lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como penal del Altiplano, en el Estado de México.
El caso está relacionado con el operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un presunto narcolaboratorio y se investiga la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
La operación salió a la luz después de un accidente vehicular en el que murieron cuatro personas: dos agentes estadounidenses y dos integrantes de las corporaciones de seguridad de Chihuahua. Las investigaciones posteriores abrieron cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero en un operativo que, de acuerdo con las autoridades federales, no contaba con la autorización correspondiente.
Maru Campos afirma que colaborará con la FGR
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Campos aseguró que su gobierno entregará a las autoridades federales la información necesaria para esclarecer los hechos.
La gobernadora defendió la cooperación internacional en materia de seguridad, pero sostuvo que cualquier intervención de autoridades extranjeras debe realizarse mediante los canales institucionales y con apego a la legislación mexicana.
También afirmó que ningún integrante de su administración, actual o pasado, está por encima de la ley, y aseguró que no encubrirá ni perseguirá a las personas investigadas.
Con estas declaraciones, la mandataria tomó distancia de Jáuregui, uno de sus colaboradores políticos durante años, y respaldó el principio de que las posibles irregularidades deben ser investigadas por las autoridades competentes.
La postura de Campos, sin embargo, no resuelve las interrogantes centrales del caso: quién autorizó la participación de agentes estadounidenses, qué conocimiento tenían los distintos niveles de gobierno y por qué personal de inteligencia extranjera habría intervenido en una operación dentro de territorio mexicano.
Dos investigaciones contra César Jáuregui
El caso del exfiscal se desarrolla en dos vías judiciales independientes.
Investigación estatal. La Fiscalía de Chihuahua abrió una causa relacionada con presuntos delitos en el ejercicio del servicio público, a partir de las actuaciones de las autoridades durante el operativo de abril. Las diligencias también involucran a otros funcionarios que habrían participado en la operación.
Investigación federal. La FGR obtuvo una orden de aprehensión por el presunto delito de traición a la patria, en relación con la participación de agentes estadounidenses en el operativo. La Fiscalía federal sostiene que la intervención habría ocurrido sin la autorización exigida por la legislación mexicana.
Las dos investigaciones tienen relación con los mismos acontecimientos, pero corresponden a procedimientos distintos. La detención y las acusaciones no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.
Jáuregui permanece bajo custodia federal mientras avanza el proceso correspondiente. Su responsabilidad penal deberá determinarse ante los tribunales.
El abogado de Jáuregui acusa a Maru Campos de traición política
La detención también abrió una disputa pública entre la gobernadora y su antiguo colaborador.
Luis Villegas, abogado de Jáuregui, acusó a Campos de traicionar al exfiscal y sostuvo que la investigación tendría motivaciones políticas y electorales.
El litigante afirmó que su cliente fue uno de los principales defensores de la mandataria durante su trayectoria política y consideró que la detención busca impedir que continúe con sus aspiraciones electorales, entre ellas una eventual candidatura a la alcaldía de Chihuahua.
Villegas también cuestionó las pruebas que sustentan las acusaciones y sostuvo que no existen elementos concluyentes para responsabilizar a su defendido.
Estas afirmaciones corresponden a la posición de la defensa y deberán contrastarse con los elementos presentados por las fiscalías ante las autoridades judiciales.
La controversia ocurre en un contexto de disputas internas dentro del PAN en Chihuahua, donde Jáuregui era considerado un perfil con aspiraciones políticas propias. La ruptura con Campos ha convertido el caso judicial en un conflicto que también involucra el futuro político de ambos.
El caso CIA y las interrogantes sobre la soberanía nacional
Más allá de la disputa entre Campos y Jáuregui, el caso plantea preguntas sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
La participación de agentes de inteligencia estadounidenses en una operación antidrogas dentro de México, presuntamente sin autorización federal, pone en el centro de la investigación los mecanismos de coordinación entre autoridades estatales, federales y extranjeras.
La legislación mexicana establece límites a la intervención de agentes extranjeros y reserva determinadas facultades al ámbito federal. Por ello, las autoridades deberán esclarecer bajo qué condiciones participaron los agentes estadounidenses, qué funcionarios conocían su presencia y si se incumplieron las disposiciones aplicables.
También será necesario determinar si hubo omisiones, encubrimiento o decisiones contrarias a la ley, así como establecer las responsabilidades individuales que correspondan.
Mientras Maru Campos afirma que colaborará con la Federación, el abogado de Jáuregui denuncia una persecución política. Ambas posiciones forman parte de la controversia pública, pero la resolución del caso dependerá de las pruebas y de las determinaciones judiciales.
La investigación no solo definirá la situación jurídica del exfiscal: también puede arrojar luz sobre la forma en que se autorizan y ejecutan los operativos de seguridad con participación extranjera en territorio mexicano.
