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(20 DE OCTUBRE, 2026).-El organismo nacional denunció que el Gobierno de Jalisco y la comisión estatal de derechos humanos no atendieron sus solicitudes de reunión ni entregaron expedientes sobre las detenciones del 11 de octubre. También pidió esclarecer el papel de presuntos infiltrados en las protestas por agua limpia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó al Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) de no colaborar oportunamente con las diligencias para esclarecer las presuntas detenciones arbitrarias y los posibles actos de tortura denunciados durante la protesta por agua limpia del 11 de octubre en Guadalajara.
En un pronunciamiento difundido el 19 de octubre, el organismo nacional informó que, durante los cinco días de diligencias en la entidad, ninguna de las dos instituciones respondió a sus solicitudes de reunión ni entregó los expedientes requeridos para profundizar en la investigación.
La CNDH cuestionó que ambas autoridades hubieran manifestado públicamente su disposición a colaborar, sin que esa disposición se tradujera en la entrega de la documentación solicitada.
Advirtió que la falta de respuesta será considerada en el análisis de los hechos y en las conclusiones de sus investigaciones, aunque aseguró que ha continuado con las diligencias para esclarecer las posibles violaciones a los derechos humanos.
CNDH busca expedientes sobre detenciones y presuntos actos de tortura
Uno de los puntos centrales de la investigación es la actuación de la CEDHJ durante las detenciones del 11 de octubre y las retenciones de manifestantes en las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador.
La CNDH señaló que los expedientes de la comisión estatal podrían contener información relevante sobre las evidencias recabadas por sus observadores, su intervención frente a las denuncias de posibles actos de tortura y la identificación de los agentes que participaron en el operativo.
El organismo nacional también busca establecer las circunstancias en que ocurrieron las detenciones y determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Las diligencias se desarrollan después de que manifestantes y organizaciones de derechos humanos denunciaran golpes, malos tratos y presuntas detenciones arbitrarias durante la movilización convocada para exigir agua de calidad.
La intervención policial del 11 de octubre provocó una nueva controversia sobre el uso de la fuerza y la actuación de las autoridades estatales frente a las protestas ciudadanas.
La comisión estatal afirma que el plazo para entregar información vencía el 20 de octubre
Tras la denuncia pública de la CNDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco sostuvo que el plazo establecido para proporcionar la información solicitada vencía el 20 de octubre.
De acuerdo con la información publicada por La Jornada, la CEDHJ reconoció que no había respondido a la solicitud de reunión ni remitido el expediente requerido, pero argumentó que todavía no vencía el plazo formal concedido para integrar y entregar la documentación.
El organismo estatal anunció que solicitaría una prórroga para reunir la información necesaria. <Cite refs={[“turn442426search0”]}/>
Esta respuesta introduce un elemento relevante en la controversia institucional: mientras la CNDH cuestiona la falta de colaboración durante sus diligencias, la comisión estatal sostiene que aún contaba con tiempo para atender el requerimiento.
La entrega de los expedientes y el seguimiento de las solicitudes permitirán precisar qué información se proporcionó, en qué momento y si las autoridades cumplieron con los requerimientos del organismo nacional.
CNDH pide esclarecer el papel de presuntos infiltrados en las protestas
La investigación también contempla la presencia de personas identificadas por manifestantes como presuntos infiltrados durante las movilizaciones del 11 y 18 de octubre.
En su reporte sobre la segunda marcha, la CNDH indicó que la movilización del domingo 18 comenzó alrededor de las 11:00 horas, pero tuvo que detenerse cuando los participantes señalaron la presencia de un grupo numeroso de personas que consideraron ajenas al movimiento.
Según los testimonios recabados por el organismo, después de ser señaladas, algunas de esas personas lanzaron petardos contra los propios manifestantes.
Posteriormente, un contingente de más de mil personas continuó su recorrido hacia el Palacio de Gobierno, donde se manifestó pacíficamente.
La CNDH sostuvo que la presencia y actuación de estos grupos deben investigarse, especialmente por los antecedentes de personas presentadas como ajenas a los operativos policiales durante protestas anteriores.
Respecto a los hechos del 11 de octubre, el organismo afirmó que, de acuerdo con sus indagatorias, se había acreditado una coordinación directa entre personas señaladas como integrantes de esos grupos y autoridades policiales, pese a que públicamente habían sido descritas como ajenas a los operativos. <Cite refs={[“turn442426search1″,”turn442426search5”]}/>
Este señalamiento abre una línea de investigación sobre la posible participación o coordinación de personas no identificadas con corporaciones de seguridad. Sin embargo, corresponde esclarecer la identidad de los involucrados, las funciones que desempeñaron y las posibles responsabilidades individuales e institucionales.
CNDH observa policías sin identificación visible durante la marcha
En su reporte sobre la movilización del 18 de octubre, la CNDH también llamó la atención sobre el despliegue de policías y elementos antimotines en las calles aledañas al Palacio de Gobierno.
De acuerdo con el organismo, algunos agentes portaban equipo de armamento considerable y no tenían identificación visible; otros ni siquiera mostraban distintivos que permitieran reconocer a qué corporación pertenecían.
La identificación de los elementos policiales resulta relevante para documentar los operativos, investigar posibles abusos y establecer responsabilidades cuando se denuncian violaciones a los derechos humanos.
La CNDH también informó que dos personas señaladas por manifestantes como presuntos infiltrados fueron entregadas a elementos policiales. En ese procedimiento participó personal de la comisión estatal, que acompañó y documentó la actuación.
El organismo nacional contrastó esa intervención con la actuación de la CEDHJ durante las detenciones y retenciones del 11 de octubre en Casa Jalisco.
Cinco detenidos tras la segunda marcha
Sobre los disturbios del 18 de octubre, la CNDH informó que tuvo conocimiento de cinco detenciones. Al cierre de sus diligencias, señaló que no contaba con información sobre denuncias presentadas por familiares u organizaciones, ni sobre impugnaciones de esas detenciones por considerarlas injustificadas.
El organismo indicó que examinará las circunstancias de los arrestos y el papel de las personas señaladas como presuntos infiltrados.
La ausencia de denuncias conocidas por la CNDH al cierre de sus diligencias no constituye, por sí sola, una confirmación de que las detenciones fueran legales; su evaluación depende de las circunstancias de cada caso y de la información que se reúna.
Al concluir su trabajo en Guadalajara, el personal de la comisión nacional mantuvo coordinación con el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para dar seguimiento a la movilización del 18 de octubre.
La investigación busca esclarecer tanto las denuncias de presuntos abusos policiales durante la primera protesta como la actuación de los grupos involucrados en los incidentes posteriores. La entrega de la documentación solicitada y la identificación de los participantes serán elementos relevantes para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades que correspondan.
