Portada: El Fisgón
(20 DE OCTUBRE, 2026).-Declaraciones de más de 40 integrantes de la Fiscalía estatal, presentadas durante la audiencia contra César Jáuregui, describen visitas de agentes extranjeros, estancias prolongadas en instalaciones oficiales, capacitación táctica en Florida y una presunta entrega de armas antes del operativo de El Pinal.
La presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua habría comenzado meses antes del operativo antidrogas de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, de acuerdo con testimonios presentados por el Ministerio Público durante la audiencia judicial contra el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno.
Las declaraciones de más de 40 integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), citadas en la cobertura de La Jornada, describen visitas de ciudadanos estadounidenses desde octubre de 2025, reuniones en instalaciones oficiales y actividades de coordinación con mandos de seguridad de Chihuahua.
Los testimonios forman parte de la investigación sobre la participación de dos agentes estadounidenses, identificados como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, en los acontecimientos relacionados con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en El Pinal. Ambos murieron en abril junto con dos funcionarios mexicanos en un accidente vehicular.
La información expuesta durante la audiencia amplía la cronología del caso y plantea nuevas interrogantes sobre la naturaleza de la colaboración entre personal estadounidense y autoridades estatales, así como sobre las autorizaciones necesarias para realizar operaciones de seguridad en territorio mexicano.
Reservaciones de hotel y registros vehiculares apuntan a visitas desde octubre de 2025
Entre los datos presentados por el Ministerio Público figuran reservaciones de hospedaje a nombre de Richard Leiter Johnston en el hotel Holiday Inn, ubicado en la calle Escudero de la ciudad de Chihuahua.
Según la información expuesta durante la audiencia, el agente estadounidense se habría hospedado en octubre de 2025 y regresado entre el 21 y el 31 de enero de 2026. También tenía una reservación para el periodo del 14 al 20 de abril, cuando ocurrió el operativo de El Pinal.
La investigación incorporó además contratos de renta de vehículos y registros de geolocalización que, según la Fiscalía, muestran desplazamientos frecuentes hacia el Complejo Estatal de Seguridad Pública y estancias prolongadas en esas instalaciones.
Los datos presentados por el Ministerio Público apuntan a que la presencia de personal estadounidense no se limitó a una visita ocasional durante el operativo de abril. Sin embargo, las reservaciones, los desplazamientos y las declaraciones deben valorarse en conjunto para establecer qué actividades realizaron los agentes y bajo qué condiciones operaban.
Policías de Chihuahua recibieron capacitación táctica en Florida
Otro de los elementos expuestos durante la audiencia fue el viaje de integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a Florida, Estados Unidos, para recibir capacitación táctica en abril de 2026.
De acuerdo con el testimonio de uno de los agentes, el grupo viajó el 10 de abril y participó en un entrenamiento que incluyó técnicas de intervención policial a pie y en vehículos. Los elementos regresaron a México el 28 de abril, según la declaración referida en la cobertura periodística.
El declarante señaló que los instructores vestían ropa táctica sin logotipos ni insignias que permitieran identificar su procedencia. También relató que un estadounidense al que conocían como “Rick” presentó a varios instructores y que un agente mexicano apoyó con la traducción.
La capacitación internacional de policías no constituye por sí misma una irregularidad. En el contexto de esta investigación, sin embargo, resulta necesario esclarecer qué instituciones organizaron el entrenamiento, quiénes lo financiaron, qué agencias participaron y si existió alguna relación con el operativo de El Pinal.
Las declaraciones citadas no bastan por sí solas para establecer qué organismo estadounidense impartió formalmente el curso ni si todos los participantes conocían la identidad institucional de los instructores.
Testigos señalan presunta entrega de armas a agentes extranjeros
Uno de los señalamientos más delicados expuestos durante la audiencia se refiere a la presunta entrega de armamento a los ciudadanos estadounidenses.
Según los testimonios presentados por el Ministerio Público, integrantes de la corporación estatal fueron convocados al centro de control C4 antes de trasladarse hacia El Pinal, sin recibir inicialmente información detallada sobre las actividades que realizarían.
Los declarantes señalaron que, antes del desplazamiento, observaron a agentes extranjeros ingresar a la oficina de Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro.
De acuerdo con las entrevistas leídas durante la audiencia, en esas instalaciones se habría entregado armamento largo a los estadounidenses para que lo llevaran consigo al operativo. La información fue reportada por La Jornada a partir de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.
De confirmarse, este señalamiento obligaría a esclarecer quién autorizó la entrega, bajo qué fundamento jurídico se proporcionaron las armas y qué facultades tenían los agentes extranjeros para portarlas y participar en actividades operativas dentro de México.
Por ahora, se trata de declaraciones incorporadas a una investigación judicial. La existencia de los testimonios no equivale a una sentencia ni determina automáticamente la responsabilidad de los funcionarios señalados.
El caso El Pinal y las preguntas sobre la soberanía nacional
El operativo de abril en El Pinal detonó una controversia sobre la participación de agentes estadounidenses en actividades de seguridad dentro de territorio mexicano.
Inicialmente, las autoridades estatales sostuvieron que los ciudadanos estadounidenses fallecidos se encontraban en actividades de capacitación. Posteriormente, las investigaciones federales y estatales incorporaron testimonios y otros datos sobre su presencia en instalaciones oficiales y su posible participación en operaciones de seguridad.
La Fiscalía General de la República investiga al exfiscal César Jáuregui por presunta traición a la patria, mientras que en el ámbito estatal se abrió un procedimiento por posibles delitos relacionados con el ejercicio del servicio público. Jáuregui ha negado haber autorizado la participación de los agentes y cuestionado los elementos presentados en su contra.
Los nuevos testimonios plantean preguntas que deberán responder las autoridades judiciales: desde cuándo se coordinaban los agentes estadounidenses con funcionarios de Chihuahua, quién organizó sus visitas y su capacitación, quién autorizó la entrega de armas y qué conocimiento tenían las autoridades federales sobre esas actividades.
La investigación deberá establecer también si las actuaciones se ajustaron a los mecanismos legales de cooperación internacional y determinar las responsabilidades individuales que correspondan.
La presencia de agentes extranjeros desde 2025, las actividades de entrenamiento en Florida y el señalamiento sobre la entrega de armamento constituyen líneas relevantes para esclarecer el caso. Su alcance definitivo dependerá de la valoración judicial de los testimonios y las demás pruebas incorporadas al expediente.
