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(15 DE OCTUBRE, 2026).-Sindicatos, docentes, estudiantes y comunidades indígenas protestaron contra el Decreto 1525, las políticas económicas y las medidas de seguridad del presidente colombiano. El Gobierno aseguró que 98 % de las movilizaciones transcurrió pacíficamente.
Miles de personas participaron este miércoles 14 de octubre en el primer paro nacional contra el gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, a dos meses de su llegada al poder. Las movilizaciones se extendieron por varias ciudades del país y reunieron a sindicatos, docentes, estudiantes, comunidades indígenas y organizaciones opositoras.
La jornada expresó el rechazo a las políticas económicas y de seguridad del Ejecutivo, así como al Decreto 1525, expedido el día anterior para modificar los protocolos de actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones.
La convocatoria incluyó a centrales obreras, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), colectivos estudiantiles y sectores políticos de oposición. En Bogotá, varias marchas confluyeron en dirección a la Plaza de Bolívar. También hubo movilizaciones en ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga y Pereira.
Decreto 1525: el centro de la controversia
Uno de los principales motivos de la protesta fue el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, que modifica el protocolo de actuación policial durante las manifestaciones públicas.
La disposición establece que, ante hechos de violencia, las intervenciones dirigidas contra quienes los cometan no tienen que esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes. El texto también contempla la continuidad de las medidas de protección y mediación para quienes se manifiesten pacíficamente.
El Gobierno sostiene que la modificación busca proteger el derecho a la protesta pacífica y permitir una respuesta oportuna ante actos violentos, bloqueos o daños a bienes públicos.
Sin embargo, organizaciones sociales y representantes de la oposición advierten que ampliar las facultades de intervención policial puede facilitar abusos y debilitar los mecanismos de diálogo. Las críticas también remiten a las denuncias de violencia policial registradas durante las movilizaciones de 2021.
Educación, derechos laborales y defensa de los territorios
El descontento de los sectores movilizados también se relaciona con el costo de vida, las políticas sociales y las medidas de seguridad del nuevo gobierno.
Fecode reclamó garantías para la educación pública, atención a la salud del magisterio y reconstrucción de escuelas afectadas por emergencias. La organización también denunció la estigmatización del sindicalismo docente.
Por su parte, comunidades indígenas y campesinas expresaron preocupación por los megaproyectos y las medidas económicas que consideran una amenaza para sus territorios. El CRIC defendió la autonomía de sus organizaciones y rechazó las acciones que, a su juicio, buscan debilitarla.
Las manifestaciones también incorporaron demandas de derechos humanos y críticas al rumbo de la política exterior colombiana. Entre las consignas y símbolos presentes estuvieron las banderas palestinas y mensajes contra la injerencia estadounidense en América Latina.
La jornada coincidió con la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén y con el restablecimiento de relaciones comerciales con Israel, decisiones del nuevo gobierno que representan un cambio respecto de la administración anterior.
En algunas pancartas se leía la frase “No somos el patio trasero”, en rechazo a la influencia de Estados Unidos en la región.
Petro y Cepeda respaldaron las movilizaciones
El expresidente Gustavo Petro difundió imágenes de la jornada y llamó a enfrentar la adversidad con dignidad y sin miedo. Su participación en Bogotá había sido anunciada y, de acuerdo con reportes posteriores, tanto Petro como el senador Iván Cepeda hicieron breves apariciones durante las movilizaciones, aunque no pronunciaron discursos ante los participantes.
Al finalizar la jornada, De la Espriella aseguró que 98 por ciento de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica. En su balance, difundido por el Gobierno, informó también de seis detenciones por presuntos actos de vandalismo y de intervenciones de la fuerza pública en puntos específicos de varias ciudades
El mandatario afirmó que su administración garantizará las manifestaciones pacíficas, pero advirtió que responderá ante actos violentos, bloqueos y daños a la infraestructura pública.
La amplitud de las demandas convirtió la jornada en una primera prueba para el gobierno de De la Espriella frente a las organizaciones sociales y la oposición. Tras las movilizaciones, distintos sectores plantearon la posibilidad de nuevas protestas y de una convocatoria a paro nacional en noviembre.
