Portada: Pat
(14 DE OCTUBRE, 2026).-La norma permite intervenir contra personas que cometan actos violentos sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de manifestantes. Su expedición coincide con las movilizaciones convocadas por sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales para este 14 de octubre.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el martes 13 de octubre el Decreto 1525 de 2026, que modifica los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones públicas, a pocas horas de las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales contra su gobierno.
La disposición, denominada Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, establece nuevas reglas para la intervención policial ante hechos violentos, bloqueos viales y situaciones que afecten los derechos de terceros.
El gobierno presentó el decreto como un instrumento para proteger el derecho a la protesta pacífica y garantizar el orden público. Sin embargo, la norma también ha generado cuestionamientos por los alcances de las facultades policiales y sus posibles efectos sobre el ejercicio de las libertades civiles.
El decreto permite intervenir sin esperar a que termine el diálogo
En un mensaje transmitido por televisión nacional, De la Espriella reconoció la protesta pacífica como una garantía constitucional, pero sostuvo que este derecho no ampara las agresiones contra otras personas, la destrucción de bienes, las amenazas contra trabajadores ni las obstrucciones que impidan el paso de ambulancias y servicios de emergencia.
Uno de los principales cambios consiste en permitir que las autoridades intervengan contra quienes cometan actos violentos sin tener que esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes. El decreto modifica así los procedimientos de mediación y actuación policial previstos en la normativa anterior.
La disposición también contempla la intervención de las fuerzas de seguridad ante situaciones relacionadas con armas de fuego, objetos cortopunzantes, explosivos y artefactos incendiarios, así como retenciones de personas contra su voluntad y agresiones contra terceros.
Establece una distancia mínima de cuatro metros
El Decreto 1525 dispone que la Policía mantenga un dispositivo de acompañamiento durante las movilizaciones, integrado por personal capacitado en la gestión de reuniones y manifestaciones públicas.
Este dispositivo deberá ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de los participantes. Si las condiciones físicas del lugar impiden mantenerla, las autoridades deberán dejar constancia de ello y adoptar medidas para evitar el contacto y las actuaciones que puedan percibirse como intimidatorias.
La norma también establece medidas de protección para servidores públicos, personal uniformado, misiones médicas y equipos periodísticos frente a ataques o amenazas durante las concentraciones.
Sindicatos y organizaciones sociales convocan a movilizaciones
La expedición del decreto coincide con las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre por organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas y otros sectores sociales críticos del gobierno.
En Bogotá, una de las principales concentraciones está programada para las 10:00 horas en el Parque Nacional, desde donde se prevén desplazamientos hacia el centro de la ciudad. Entre las organizaciones convocantes se encuentra la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto con otras centrales sindicales y organizaciones docentes. También se anunciaron actividades en ciudades como Cali y Medellín.
Las movilizaciones plantean reclamos relacionados con las políticas gubernamentales, la educación, la salud, los derechos laborales y la protección de los territorios indígenas.
Decreto coincide con nuevas iniciativas de seguridad
La regulación de las protestas forma parte de una agenda gubernamental más amplia en materia de seguridad. El Ejecutivo presentó también un proyecto de ley para el sometimiento de grupos armados organizados, con el que busca establecer condiciones jurídicas para que integrantes de estas estructuras se acojan a mecanismos de sometimiento a la justicia. <Cite refs={[“turn222105news22”]}/>
La expedición del Decreto 1525 coloca en el centro del debate la manera en que el gobierno colombiano busca responder a las movilizaciones sociales y el equilibrio entre la intervención policial, la protección de terceros y las garantías constitucionales para ejercer el derecho a la protesta pacífica.
