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(13 DE OCTUBRE, 2026).-Familiares y organizaciones denunciaron presuntas detenciones arbitrarias, obstáculos para acceder a una defensa jurídica externa y falta de información sobre otras siete personas cuyo paradero no estaba confirmado.
Después de más de 36 horas de espera afuera de la Fiscalía de Jalisco, familiares recibieron a 32 personas detenidas durante la marcha del 11 de octubre por la calidad del agua en Guadalajara. Algunas salieron en silla de ruedas y con golpes visibles, mientras organizaciones acompañantes denunciaron presuntas detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y obstáculos para acceder a una defensa jurídica externa.
Las personas liberadas fueron recibidas entre abrazos y vítores por sus familias y por quienes instalaron un campamento para exigir su libertad. Sin embargo, su salida no significa que las investigaciones hayan concluido: la Fiscalía mantiene abiertas carpetas por ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.
De acuerdo con la información difundida, el Ministerio Público determinó, con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que las personas liberadas podían continuar el procedimiento en libertad.
Siete personas permanecían detenidas tras la protesta
Hasta las 20:51 horas del 12 de octubre, siete personas continuaban detenidas: Israel Rosas Flores, David Isaac Álvarez Hernández, Ivan Octavio Salazar, Juan Darío Muñoz Nava, Teodoro Jesús Torres Valdez, Alexis Guzmán Ríos y Samuel Morales Navarro.
Las organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la Secretaría de Seguridad Pública estatal presionaba para que se procediera por las lesiones sufridas por dos policías. Ante esta situación, advirtieron que vigilarían que no se formularan imputaciones injustificadas ni se trasladara a los manifestantes al complejo penitenciario de Puente Grande.
Gabriel Salazar, padre de Ivan Octavio, denunció que no había podido ver a su hijo y que desconocía su estado de salud y las razones por las que seguía detenido.
También expresó su temor de que las autoridades buscaran un “chivo expiatorio para espantar a los demás”. Ivan, quien trabaja como cocinero y tiene interés por el arte, pasó su cumpleaños número 32 bajo custodia de la Fiscalía.
Organizaciones denuncian obstáculos para la defensa jurídica
Las agrupaciones que acompañan a las familias señalaron que se negó asistencia jurídica externa y que las personas que recuperaron su libertad tuvieron que aceptar condiciones impuestas por la Fiscalía.
También denunciaron presuntas violaciones al debido proceso durante las detenciones y exigieron que las autoridades esclarezcan las circunstancias de la intervención policial y garanticen los derechos de las personas involucradas.
Las denuncias se producen después de la movilización del 11 de octubre, convocada para exigir agua de calidad. Las investigaciones ministeriales siguen abiertas, por lo que será importante conocer las imputaciones específicas, la situación procesal de cada persona y las condiciones bajo las cuales se concedió la libertad.
Reportan a otras siete personas sin confirmar su paradero
A la preocupación por quienes permanecían detenidos se sumó la falta de información sobre otras siete personas cuyos nombres circularon después de la intervención policial: Martha García Hernández, Luis Fernando Alcázar, Alma Rosa Vélez, Leonardo Martínez Núñez, Duce Amador, Axel Vega e Hilda García.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el Colectivo de Abogadas y Abogados por el Derecho a la Justicia (CUDJ) y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) difundieron sus nombres para solicitar información sobre su paradero, debido a que no aparecían en el registro oficial de personas detenidas, según la información proporcionada por las organizaciones.
La falta de registro no permite establecer dónde se encuentran ni confirmar que permanezcan bajo custodia. Por ello, las organizaciones y las familias solicitaron que se aclare su situación.
Exigen esclarecer las detenciones durante la protesta por el agua
Las familias y organizaciones mantienen sus exigencias de libertad para quienes continúan detenidos, información sobre las personas cuyo paradero no ha sido confirmado y esclarecimiento de la actuación policial.
También reclaman respuestas del gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, ante las denuncias de presuntos abusos y las fallas de información que prolongaron la incertidumbre de los familiares.
La liberación de 32 personas representa un avance para sus familias, pero el conflicto continúa mientras se mantienen abiertas las investigaciones, hay personas bajo custodia y no se ha aclarado el paradero de quienes no aparecen en los registros oficiales.
