Portada: Rapé
(13 DE OCTUBRE, 2026).-Las siete personas permanecían bajo custodia tras la manifestación del domingo 11 de octubre. Familiares y organizaciones han denunciado presuntas detenciones arbitrarias y agresiones policiales durante el operativo.
Siete personas detenidas durante la manifestación por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, fueron trasladadas al complejo penitenciario de Puente Grande, luego de que otras 32 personas detenidas durante la movilización fueran puestas en libertad.
El traslado ocurrió después de la protesta del domingo 11 de octubre, realizada para exigir soluciones a la crisis por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La movilización concluyó con un operativo policial y decenas de detenciones.
Familiares, manifestantes y organizaciones han denunciado presuntas detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y agresiones por parte de elementos de seguridad. Estos señalamientos contrastan con la versión de las autoridades estatales sobre los hechos ocurridos afuera de Casa Jalisco.
De acuerdo con reportes periodísticos, seis de los siete hombres trasladados enfrentan acusaciones por lesiones dolosas. La situación jurídica de cada uno deberá precisarse con información oficial sobre los delitos que se les imputan y las resoluciones judiciales correspondientes.
¿Quiénes son los siete manifestantes trasladados a Puente Grande?
Los nombres difundidos de las siete personas son:
- Israel Rosas Flores
- David Isaac Álvarez Hernández
- Iván Octavio Salazar
- Juan Darío Muñoz Nava
- Teodoro Jesús Torres Valdez
- Alexis Guzmán Ríos
- Samuel Morales Navarro
El traslado al penal ocurre en medio de las denuncias de familiares y colectivos por las condiciones de las detenciones y la actuación policial durante la protesta.
Las organizaciones y personas que acompañan a los detenidos han exigido información sobre su situación jurídica y garantías para su defensa.
La manifestación del domingo reunió a habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana que demandan agua de calidad y respuestas de las autoridades ante los problemas del suministro. El caso también ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza pública y el respeto a los derechos de las personas detenidas.
