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(09 DE OCTUBRE, 2026).-Washington bloquea activos del TPI bajo jurisdicción estadounidense y da seis meses a empresas y particulares para terminar determinadas operaciones con la corte. El tribunal advierte que las medidas buscan obstruir la justicia internacional.
El gobierno de Donald Trump escaló este viernes su ofensiva contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) al imponer sanciones contra la institución, con medidas destinadas a restringir sus operaciones y sus vínculos con el sistema financiero y las empresas estadounidenses.
El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó las sanciones como una defensa de la soberanía de Estados Unidos y de sus ciudadanos frente a una corte cuya jurisdicción Washington no reconoce. Afirmó que Trump no permitirá que el tribunal procese a estadounidenses y sostuvo que las nuevas restricciones buscan cortar sus recursos y limitar su capacidad operativa.
Las medidas bloquean los activos del TPI sujetos a jurisdicción estadounidense y establecen un periodo de 180 días para que personas y empresas de ese país concluyan determinadas operaciones con la institución. Las autoridades estadounidenses también publicaron licencias que permiten algunas transacciones específicas.
Estados Unidos endurece su presión contra el TPI
Rubio sostuvo que la administración Trump rechaza que el tribunal pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses, integrantes de las fuerzas armadas o dirigentes políticos del país. También llamó a frenar a la institución y amenazó con continuar los esfuerzos para desmantelarla.
La medida amplía la presión de Washington sobre una corte internacional que investiga y juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, dentro de los límites de su jurisdicción.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que estableció el TPI. La disputa gira, entre otros puntos, en torno al alcance de la jurisdicción del tribunal y a la oposición de Washington a que investigue determinadas actuaciones de ciudadanos estadounidenses o de sus aliados.
Las órdenes de detención contra dirigentes israelíes
La ofensiva estadounidense se produce en el contexto de las órdenes de detención emitidas por el TPI en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza.
Al sancionar ahora a la propia institución, Washington aumenta la presión sobre el tribunal y sobre quienes colaboran con él. Las medidas plantean interrogantes sobre la capacidad de la corte para mantener sus operaciones y cumplir su mandato frente a la oposición de una potencia económica y política como Estados Unidos.
El TPI denuncia un ataque al Estado de derecho
El Tribunal Penal Internacional rechazó las sanciones y afirmó que constituyen un intento de obstruir la justicia y de impedir que la corte cumpla las funciones que le encomendaron los Estados parte del Estatuto de Roma.
Su presidenta, la jueza Tomoko Akane, sostuvo que el tribunal continuará ejerciendo su mandato con independencia e imparcialidad, con base en la ley y las pruebas. También pidió a los Estados que respaldan la corte que adopten medidas concretas para garantizar la continuidad de sus actividades.
Navi Pillay recibe el Nobel de la Paz en medio de la disputa
El anuncio de las sanciones se produjo horas después de que se diera a conocer que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza del TPI y expresidenta de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.
Pillay también presidió una comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, conclusión que el gobierno israelí ha rechazado. La coincidencia temporal entre el anuncio del Nobel y las sanciones subraya el contraste entre el reconocimiento a una trayectoria vinculada a la justicia internacional y la nueva presión estadounidense sobre el tribunal. Sin embargo, no demuestra que el premio haya motivado las sanciones.
La disputa trasciende el enfrentamiento entre Washington y La Haya. Las sanciones abren un nuevo capítulo en el debate sobre la capacidad de los tribunales internacionales para investigar crímenes graves cuando sus actuaciones afectan a ciudadanos o aliados de potencias que rechazan su jurisdicción.
El alcance de sus consecuencias dependerá, entre otros factores, de cómo el TPI y los Estados que lo respaldan respondan a las restricciones y sostengan sus operaciones. En el centro del conflicto está la tensión entre la presión económica de Estados Unidos y la pretensión de que la justicia internacional pueda actuar con independencia.
