Portada: AFP
(09 DE OCTUBRE, 2026).-Un adolescente de 15 años perdió una mano y otros dos jóvenes sufrieron lesiones graves en el rostro y un ojo. Las movilizaciones exigen más recursos para las escuelas; las autoridades reportan miles de detenciones e investigaciones por presunta violencia policial.
Las protestas estudiantiles por las condiciones de la educación pública en Francia han dejado a menores de edad con lesiones graves durante intervenciones policiales. Entre los casos documentados se encuentran un adolescente de 14 años con fracturas en la mandíbula, uno de 15 que perdió una mano tras la explosión de una granada aturdidora y otro de 16 que perdió la visión de un ojo después de resultar herido durante una movilización.
Las manifestaciones comenzaron a mediados de septiembre, con demandas de mayor presupuesto educativo, mejores condiciones en los planteles y contratación de profesores sustitutos. Sin embargo, la respuesta policial se ha convertido en uno de los principales focos de la controversia.
Según cifras oficiales difundidas el 9 de octubre, más de 6 mil 800 personas habían sido detenidas o puestas bajo custodia policial desde el inicio de las protestas, y alrededor de 86 por ciento eran menores de edad. Las autoridades también reportaron más de 200 estudiantes lesionados.
Tres adolescentes sufrieron lesiones graves
Uno de los casos ocurrió el 28 de septiembre en Saint-Ouen-l’Aumône, en el departamento de Val-d’Oise. Eden, de 14 años, sufrió fracturas en la mandíbula después de recibir el impacto de una granada lacrimógena disparada a corta distancia, según las investigaciones sobre el incidente.
El agente involucrado fue objeto de un procedimiento judicial por presunta violencia cometida por un funcionario público que habría causado mutilación o incapacidad permanente. La investigación busca esclarecer las circunstancias del disparo y determinar las responsabilidades correspondientes.
El 30 de septiembre, un estudiante de 16 años resultó herido en un ojo durante una protesta en Tours. La fiscalía señaló que las lesiones eran compatibles con el impacto de un proyectil disparado por un lanzador de balas de defensa, aunque las circunstancias del incidente deben establecerse mediante la investigación.
El caso más reciente ocurrió el 5 de octubre en Lens, donde un adolescente de 15 años perdió una mano tras la explosión de una granada aturdidora durante una intervención policial frente a su instituto. La inspección general de la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos.
Francia suspende el uso de una granada durante las protestas
Ante la gravedad de las lesiones, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión temporal del uso de granadas aturdidoras durante las movilizaciones estudiantiles. La decisión se produjo después de que el adolescente de Lens perdiera una mano por la explosión de un artefacto de ese tipo.
Nuñez, sin embargo, defendió la actuación policial en términos generales y sostuvo que las intervenciones respondieron a disturbios, lanzamiento de objetos y actos de vandalismo. Las autoridades han señalado que las movilizaciones también han dejado agentes y personal educativo lesionados.
La suspensión de este tipo de granadas se limita al contexto de las protestas estudiantiles y no equivale a una prohibición permanente de su uso. La decisión tampoco resuelve las investigaciones abiertas sobre los incidentes que dejaron a menores con lesiones graves.
Organizaciones y abogados cuestionan los operativos
Las lesiones han intensificado las críticas de abogados y defensores de derechos humanos, que cuestionan la proporcionalidad del uso de la fuerza y las condiciones de detención de los manifestantes.
El abogado Alexis Baudelin advirtió que las condiciones denunciadas por algunos de sus clientes, junto con las amenazas que aseguran haber recibido durante la custodia, pueden generar consecuencias traumáticas.
Al 7 de octubre, Nuñez había informado de 18 investigaciones relacionadas con la actuación policial durante las protestas. El 9 de octubre, el número reportado por la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), conocida como la “policía de las policías”, aumentó a 24.
Las investigaciones deberán establecer las circunstancias de cada intervención y si hubo uso desproporcionado de la fuerza. Por ahora, los casos han colocado en el centro del debate la actuación policial frente a menores que protestan por sus condiciones educativas.
Las movilizaciones mantienen como demandas centrales una mayor inversión en las escuelas, más docentes y mejores condiciones de estudio. A estas exigencias se ha sumado el reclamo de que las autoridades rindan cuentas por las lesiones sufridas durante los operativos.
