Portada: AFP
(09 DE OCTUBRE, 2026).-Alvin Hellerstein rechazó la petición de la esposa del exmandatario venezolano por riesgo de fuga. La Fiscalía estadounidense presentó una nueva acusación por conspiración para cometer tortura y amplió los cargos contra ambos.
El juez federal Alvin Hellerstein rechazó el jueves 8 de octubre la solicitud de libertad bajo fianza y arresto domiciliario de Cilia Flores, esposa del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien permanece detenida en Nueva York desde su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
La defensa de Flores, de 69 años, solicitó que esperara el juicio en una residencia privada de Nueva York, con vigilancia y monitoreo electrónico. Sus abogados argumentaron que su salud se ha deteriorado durante la detención, con episodios de dolor en el pecho, arritmias y una pérdida de más de 11 kilos.
El juez consideró que Flores representa un riesgo de fuga y que las garantías propuestas no eran suficientes ante la gravedad de los cargos. Los documentos médicos presentados por la defensa permanecen bajo sello judicial, por lo que su contenido íntegro no es público.
Fiscalía amplía acusaciones contra Maduro y Flores
La decisión judicial coincidió con la publicación de una nueva acusación formal sustitutiva por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El documento incluye el cargo de conspiración para cometer tortura contra Maduro y Flores, además de acusaciones previas relacionadas con narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos con armas.
La Fiscalía sostiene que ambos participaron en una estructura de represión que habría recurrido a la tortura y a otras formas de violencia contra opositores políticos y personas detenidas, incluidos ciudadanos estadounidenses. La acusación describe presuntos abusos como descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales, privación de alimentos y amenazas contra familiares de las víctimas.
En el caso de Flores, la nueva imputación también incorpora el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que anteriormente pesaba sobre Maduro. La Fiscalía afirma que ambos participaron en un sistema de represión y corrupción para conservar el poder y obtener beneficios ilícitos.
Estas afirmaciones forman parte de la acusación de las autoridades estadounidenses y no constituyen hechos probados mediante una sentencia. La presunción de inocencia se mantiene mientras no se demuestre la culpabilidad de los acusados.
Maduro cuestiona la legalidad de su captura
Maduro ha cuestionado la legalidad de la operación estadounidense que lo trasladó a Nueva York y ha invocado argumentos de inmunidad soberana. También se ha declarado prisionero de guerra y ha impugnado la jurisdicción de los tribunales estadounidenses sobre el caso.
La defensa ha planteado, además, dificultades para financiar los honorarios legales debido a las restricciones y autorizaciones que intervienen en las transacciones sujetas a sanciones estadounidenses. Los abogados han cuestionado las condiciones bajo las cuales pueden acceder a recursos para pagar su representación.
Estos argumentos se mantienen dentro de la disputa judicial sobre la jurisdicción, la inmunidad y las condiciones de la defensa, mientras el proceso penal continúa en Estados Unidos.
Sale el fiscal que supervisó el caso en sus primeras etapas
La ampliación de cargos ocurre después de la salida de Jason A. Richman de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Richman, quien había supervisado el caso desde sus primeras etapas y se desempeñaba como cojefe de la unidad de Seguridad Nacional, dejó el organismo el 25 de septiembre, de acuerdo con una comunicación presentada ante el tribunal.
La causa continúa bajo la responsabilidad de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. La salida de Richman constituye un cambio en el equipo que llevó la investigación, pero no modifica por sí misma la situación procesal de Maduro y Flores.
Por ahora, Flores seguirá detenida en Brooklyn mientras avanza el procedimiento judicial. La nueva acusación añade cargos al caso, pero las alegaciones deberán ser examinadas durante el proceso y, en su caso, probadas ante el tribunal.
