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(06 DE OCTUBRE, 2026).-La Corte declaró válida la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que permite evaluar de forma voluntaria y confidencial posibles riesgos de vínculos con actividades delictivas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE) y desechó la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra la reforma publicada el 2 de junio.
El Pleno consideró que el mecanismo es preventivo, informativo y voluntario, por lo que no constituye un requisito adicional de elegibilidad, no impide el registro de una candidatura ni representa una sanción penal.
La reforma fue impugnada por el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien argumentó que la evaluación podía vulnerar la presunción de inocencia y el derecho a ser votado, debido a que negarse a participar podría generar sospechas sobre una candidatura.
La Corte determinó que las evaluaciones sólo pueden realizarse con la autorización de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente. Sus resultados no son vinculantes para decidir el registro.
La Comisión recibe las listas de aspirantes y canaliza la información a instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras. Entre ellas pueden encontrarse la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que elaboran los dictámenes correspondientes.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que la información regresa al INE y posteriormente es entregada a los partidos, que pueden tomarla en cuenta dentro de sus procesos de selección y registro.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía planteó que las autoridades de seguridad sólo reportaran indicios que hubieran sido previamente presentados ante un juez. La propuesta no prosperó.
La Comisión fue instalada por el INE en septiembre y sus lineamientos establecen que el instituto coordina y canaliza la información, pero no sustituye las atribuciones de las autoridades encargadas de investigar delitos ni determina por sí mismo los riesgos.
