Portada: Hernández
(01 DE SEPTIEMBRE, 2026).-La noche del 10 de octubre de 2009, policías federales y militares ocuparon las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. El operativo precedió a la publicación del decreto con el que Felipe Calderón extinguió la empresa pública, fechado el 11 de octubre. La decisión dejó sin empleo a más de 44 mil electricistas y abrió un conflicto laboral que se prolongó mucho después de su sexenio.
El gobierno justificó la desaparición de la compañía por sus pérdidas de energía, sus costos operativos y su dependencia de recursos públicos. Sostuvo que mantenerla resultaba económicamente insostenible y prometió respetar las indemnizaciones y jubilaciones. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) rechazó la medida y denunció que preparaba el terreno para la privatización del sector eléctrico.
Sin embargo, documentos de la propia Secretaría de Energía mostraban que el problema financiero no podía atribuirse exclusivamente a los trabajadores. Una investigación de La Jornada, publicada el 27 de octubre de 2009, reveló que la principal carga económica provenía de la compra de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de los combustibles para generación, por encima del costo del contrato colectivo.
Según esos documentos, al incorporar la energía comprada y los combustibles al costo total de operación de 2008, los salarios y prestaciones representaban alrededor de 6 por ciento. El diagnóstico también identificaba 22 zonas con problemas de capacidad para atender la demanda, principalmente por falta de inversión en subestaciones y redes de distribución. Estos datos cuestionaban una explicación centrada en las prestaciones laborales y evidenciaban problemas de financiamiento e infraestructura.
El SME combatió la extinción mediante movilizaciones y recursos judiciales. El 5 de julio de 2010, la Suprema Corte avaló la constitucionalidad del decreto y negó el amparo contra la desaparición del organismo. No obstante, reconoció la continuidad del sindicato y su capacidad para defender a los trabajadores: extinguir la empresa no significaba extinguir al SME ni cancelar automáticamente sus derechos. La disputa sobre si la CFE debía asumir las obligaciones como patrón sustituto quedó entonces en manos de las autoridades laborales.
Las consecuencias desbordaron las promesas de liquidación. En un balance publicado en octubre de 2019, La Jornada documentó que unos 28 mil trabajadores habían aceptado su indemnización en 2009 con la expectativa de ser contratados por la CFE, lo que no ocurrió para ese contingente. Otros 16 mil 599 permanecieron en resistencia. Una década después del cierre, la mayoría de los antiguos electricistas seguía sin reincorporarse al sector.
Frente a problemas financieros, administrativos y de infraestructura, el gobierno eligió una salida cuyo costo inmediato recayó sobre miles de trabajadores, sin asegurarles una alternativa laboral efectiva
