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(24 DE SEPTIEMBRE, 2026).-El Pleno de la Corte determinó que el Estado de México debe elaborar y aplicar un plan multidisciplinario para mejorar las condiciones de internamiento en el penal de Nezahualcóyotl.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades del Estado de México elaborar y aplicar un plan multidisciplinario e interinstitucional para reducir el hacinamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, conocido como Neza-Bordo.
El Pleno sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas y seguras para las personas privadas de la libertad, incluso cuando cumplen una pena de prisión.
Neza-Bordo opera casi al triple de su capacidad
La magnitud del problema quedó expuesta durante la discusión del caso. La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que en julio de 2026 el centro penitenciario albergaba 5 mil 435 personas, pese a contar con una capacidad de mil 834 espacios.
Con esas cifras, el penal operaba aproximadamente al 296 por ciento de su capacidad, es decir, tenía alrededor de 196 por ciento más personas que los espacios disponibles.
Para la Corte, esta situación puede afectar el acceso a servicios básicos, limitar el espacio personal y comprometer la integridad de las personas que permanecen recluidas.
El hacinamiento puede vulnerar derechos fundamentales
Durante el análisis del asunto, la SCJN señaló que el hacinamiento penitenciario puede constituir una forma de trato cruel e inhumano, particularmente cuando genera condiciones que afectan la dignidad y la integridad de las personas internas.
El tribunal recordó que la privación de la libertad como consecuencia de una sentencia no elimina los demás derechos fundamentales de las personas recluidas ni exime al Estado de su obligación de protegerlas.
Esquivel Mossa destacó que detrás de las cifras penitenciarias existe una persona «con nombre, familia, historia y derechos».
Estado de México deberá implementar un plan integral
La resolución ordena a las autoridades mexiquenses diseñar y poner en marcha un plan con participación de distintas instituciones y disciplinas para atender las condiciones de sobrepoblación del centro penitenciario.
El objetivo no se limita a generar reportes administrativos. La medida busca que las acciones adoptadas se traduzcan en mejores condiciones de internamiento y protección efectiva de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Además, las autoridades deberán presentar informes periódicos sobre el cumplimiento del plan y mantener informadas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la defensoría pública estatal.
Con esta resolución, la Suprema Corte coloca las condiciones materiales de reclusión como parte de las obligaciones que las autoridades deben atender para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
