Portada: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña
(22 DE SEPTIEMBRE, 2026).-A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, organizaciones y familiares exigieron mantener abiertas las investigaciones y entregar 853 folios de inteligencia militar.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que existen intentos por cerrar las líneas de investigación relacionadas con la posible participación del Ejército mexicano.
Durante el foro “Ayotzinapa, 12 años de lucha por los 43”, realizado el 21 de septiembre en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, familiares, activistas y representantes de organismos nacionales e internacionales reiteraron su exigencia de verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Familias exigen mantener abierta la investigación
Isidoro Vicario Aguilar, abogado de las madres y padres de los normalistas, advirtió durante el encuentro que, desde su perspectiva, el Estado mexicano pretende dar por concluidas las líneas de investigación que apuntan hacia las Fuerzas Armadas.
“Le están apostando al olvido y al cansancio de los padres”, afirmó.
El abogado sostuvo que las familias mantendrán su exigencia para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue la información de inteligencia militar que permanece pendiente.
Entre los documentos reclamados se encuentran aproximadamente 853 folios generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, cuya entrega fue ordenada por un juez federal en febrero de este año.
Un juez ordenó entregar 853 folios militares
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió el juicio de amparo 1350/2023 y ordenó al Ejército entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el CFRI de Iguala, así como la producida por otras instancias militares de inteligencia.
La resolución estimó una brecha de aproximadamente 853 folios que no habían sido entregados. El juzgado consideró que la falta de continuidad en la numeración de los documentos constituía un indicio de que la información estaba en poder de las autoridades militares.
Las familias de los normalistas han reclamado durante años estos documentos debido a que consideran que pueden aportar información para esclarecer lo ocurrido y determinar el paradero de los estudiantes.
La resolución judicial reconoció además el derecho de las familias y de la sociedad a conocer la verdad sobre el caso.
La controversia por la recomendación de la CNDH
Otro de los puntos centrales del foro fue la Recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida en julio.
El organismo documentó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes y deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos de Iguala. En lo referente a las Fuerzas Armadas, la recomendación sostiene que no existen pruebas directas para atribuir a la Sedena o al 27 Batallón de Infantería la organización o ejecución de la desaparición de los normalistas.
El documento, sin embargo, reconoce que mandos militares tuvieron conocimiento de los ataques mientras ocurrían y que hubo presencia de elementos del Ejército en algunos puntos relevantes. La CNDH sostiene que esos hechos no permiten establecer una responsabilidad institucional y los vincula con conductas u omisiones individuales.
La posición del organismo ha sido cuestionada por familiares y organizaciones que acompañan el caso. La CNDH, por su parte, ha rechazado que su recomendación constituya una exoneración del Ejército y ha sostenido que la determinación de responsabilidades penales corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales.
“No sabemos dónde están”
Durante el foro participaron Alan García Campos, oficial de Derechos Humanos de la ONU; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Sofía de Robina, primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y la activista Alicia de los Ríos.
Los participantes cuestionaron la falta de resultados para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 y determinar el paradero de los estudiantes.
A casi 12 años de los hechos, los 43 normalistas continúan desaparecidos y las familias mantienen la exigencia de conocer su destino. En agosto, representantes de los padres señalaron que seguían sin recibir información sobre el paradero de sus hijos y reiteraron su demanda de que se entreguen los folios militares pendientes.
En el foro, Vicario Aguilar señaló que ocho padres y madres han fallecido sin conocer qué ocurrió con sus hijos. Tlachinollan confirmó que Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez, murió el 21 de agosto de 2026 sin recibir información sobre el paradero de su hijo.
Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, y Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero, agradecieron el acompañamiento de las organizaciones y reiteraron que continuarán con la búsqueda de verdad y justicia.
A 12 años de la noche de Iguala, la disputa sobre las líneas de investigación, la información de inteligencia militar y las conclusiones de la CNDH mantiene abierto el debate sobre las responsabilidades de las distintas autoridades involucradas en el caso.
