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(21 DE SEPTIEMBRE, 2026).-Las comunidades de Cayos Cochinos denuncian afectaciones a su territorio por el rodaje del reality; Sheinbaum pidió respetar las regulaciones y los derechos de pueblos originarios.
Comunidades garífunas de Cayos Cochinos, Honduras, mantienen movilizaciones en defensa de su territorio ante el conflicto generado por el desalojo de habitantes de playa Uva, donde se prepara el rodaje de una nueva temporada del reality show Survivor.
La producción está a cargo de la empresa española Cuarzo Producciones. De acuerdo con la cobertura de La Jornada, el sitio utilizado para la filmación está relacionado con la Sociedad de Inversiones Ecológicas (SIEC), cuyo accionista mayoritario sería Fundación Azteca Honduras, vinculada con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.
Las comunidades, agrupadas en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), cuestionan el uso de su territorio y denuncian que no han sido consultadas sobre la realización de producciones audiovisuales en la zona.
Ordenan desalojo de pobladores
El conflicto se concentra en playa Uva, en Cayos Cochinos. Un juzgado de San Pedro Sula ordenó el desalojo de pobladores considerados “ocupantes no autorizados”, mientras elementos de la policía naval fueron desplegados en la zona.
OFRANEH sostiene que las comunidades garífunas tienen derechos territoriales reconocidos en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y reclama que se respete su derecho a la consulta sobre el uso y disfrute de sus territorios.
En declaraciones recogidas por La Jornada, dirigentes de la organización señalaron que los habitantes enfrentan restricciones para realizar actividades como la pesca y denunciaron afectaciones a sus formas tradicionales de vida.
La organización también ha denunciado la presencia de fuerzas de seguridad para resguardar las actividades relacionadas con el rodaje.
Acusaciones contra empresas vinculadas con el rodaje
La coordinadora de OFRANEH, Míriam Miranda, ha señalado a la Sociedad de Inversiones Ecológicas y a empresas vinculadas con Grupo Salinas por el conflicto.
Según las denuncias recogidas por La Jornada, las comunidades cuestionan que los contratos para realizar producciones televisivas en el territorio se hayan establecido sin una consulta previa a los pueblos garífunas.
Estas acusaciones corresponden a la organización y a sus dirigentes. La información disponible para esta nota no incluye una respuesta de Ricardo Salinas Pliego, Fundación Azteca Honduras o Sociedad de Inversiones Ecológicas a los señalamientos de OFRANEH.
Sheinbaum se pronuncia sobre el conflicto
El conflicto llegó a la conferencia presidencial en México. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las denuncias de las comunidades garífunas y señaló que cualquier actividad económica debe cumplir las regulaciones correspondientes cuando se desarrolla en territorios de conservación o donde las tierras pertenecen a comunidades originarias.
“Si no se cumplen las regulaciones, pues no está bien”, señaló la mandataria, de acuerdo con la cobertura de La Jornada.
Sheinbaum agregó que corresponde a las autoridades determinar el cumplimiento de las normas aplicables en el territorio hondureño.
Ordenan arresto de defensores
El 19 de septiembre, La Jornada reportó que una empresa propietaria del lugar presentó una denuncia y que existía una orden para detener y presentar ante los juzgados de Roatán a pobladores que participaban en la protesta. La publicación señaló el despliegue de cerca de 120 elementos de la policía naval en las inmediaciones de playa Uva.
La situación fue denunciada por organizaciones de derechos humanos que acudieron a Honduras para acompañar a las comunidades.
Blanche Petrich denuncia retención en aeropuerto
En medio de este contexto, la periodista mexicana Blanche Petrich, enviada de La Jornada, denunció haber sido retenida durante más de una hora y media en el Aeropuerto Internacional de Palmerola cuando regresaba a México.
En su propio testimonio, Petrich relató que agentes de seguridad le solicitaron retirar una prótesis ortopédica que utiliza, lo que implicaba quitarse parcialmente la ropa. La periodista señaló que fue trasladada a un área de revisión, separada de su acompañante y privada temporalmente de su pasaporte, teléfono y mochila.
Según su relato, también fue interrogada sobre las personas que la habían invitado a Honduras y sobre las actividades que realizó durante su estancia.
Finalmente, las autoridades aeroportuarias permitieron que pasara por un escáner corporal, alternativa que, de acuerdo con Petrich, había propuesto desde el inicio. La periodista pudo continuar su viaje a México.
Un conflicto que trasciende el rodaje
Las movilizaciones de las comunidades garífunas colocan el conflicto en el terreno de los derechos territoriales, la consulta a pueblos originarios y el acceso a los recursos naturales de la zona.
La disputa también ocurre en un contexto de larga conflictividad territorial de las comunidades garífunas en Honduras. La Jornada ha documentado las exigencias de OFRANEH para que se cumplan las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con sus territorios.
Mientras las comunidades mantienen su movilización, las acusaciones sobre el uso del territorio, las condiciones del rodaje y la actuación de las autoridades hondureñas permanecen en disputa.
