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(11 DE SEPTIEMBRE, 2026).-El expresidente boliviano solicitó medidas provisionales para proteger su integridad y derechos, al denunciar un agravamiento del hostigamiento político y judicial durante el gobierno de Rodrigo Paz.
El expresidente de Bolivia Evo Morales solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales de protección, al denunciar un presunto agravamiento de las amenazas contra su integridad física y una persecución política que atribuye al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.
La solicitud se presenta en medio de la crisis política y judicial relacionada con el argentino Fernando Cerimedo, quien permanece detenido preventivamente en Bolivia y es investigado, entre otros hechos, por su presunta participación en el ataque contra su expareja, Nadia Beller.
Morales sostiene que existiría un acuerdo entre Paz y Cerimedo que podría poner en riesgo su seguridad. Esa afirmación forma parte de los argumentos del exmandatario y no constituye, por sí misma, un hecho judicialmente acreditado.
Morales advierte sobre restricciones a su actividad política
De acuerdo con los documentos presentados ante la Corte IDH, el exmandatario advierte que el gobierno podría recurrir a medidas como un estado de sitio o restricciones a la movilidad para limitar su actividad política y su presencia en espacios públicos.
La denuncia ocurre después de que se difundiera un audio en el que supuestamente conversan el presidente Paz y Cerimedo sobre la eventual aplicación de un estado de sitio durante un periodo de protestas. La grabación fue difundida públicamente por el vicepresidente Edmand Lara.
En la conversación difundida, los interlocutores hablan de cómo construir una narrativa pública alrededor de una eventual medida de excepción y mencionan al Chapare, región donde Morales mantiene su principal base política. La autenticidad, contexto y alcance de la grabación forman parte de la controversia política en Bolivia.
Denuncia hostigamiento y persecución judicial
La solicitud de Morales cuenta con el respaldo del exjuez Raúl Zaffaroni y del constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, quienes argumentan que, ante el supuesto escenario de hostilidad institucional, el expresidente no tendría garantías suficientes para recurrir a las propias fuerzas estatales en busca de protección.
Morales también denunció intentos de vincularlo con el ataque contra Beller, con el objetivo —según su versión— de relacionarlo con el caso Cerimedo y debilitar su posición política.
En su recurso, el exmandatario describe un escenario de acoso político, persecución judicial, intimidación, hostigamiento y calumnias que atribuye a agentes estatales.
La disputa por la detención de Morales
Como antecedente, Morales recordó las declaraciones realizadas el 2 de agosto por el entonces comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, quien afirmó que detener al expresidente no constituía una prioridad debido a que las causas en su contra carecían, a su juicio, de elementos suficientes.
En esos mismos días, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo públicamente que la detención de Morales sí era una prioridad para el Ejecutivo.
Sokol posteriormente dejó el cargo. Morales interpreta la sucesión de estos hechos y el cambio de postura institucional como parte de un patrón de persecución política destinado a neutralizarlo política y territorialmente.
La Corte IDH aún no resuelve la solicitud
La Corte IDH no ha emitido una resolución sobre la solicitud al momento de esta publicación.
Morales busca que los antecedentes que presentó sobre presuntas amenazas y hostigamiento sean considerados para establecer medidas urgentes destinadas a proteger su integridad física y el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La solicitud se produce mientras el expresidente continúa enfrentando órdenes de aprehensión en Bolivia y permanece refugiado políticamente en el Chapare. El gobierno de Paz sostiene que la captura de Morales es una prioridad dentro de los procesos judiciales abiertos en su contra.
