Portada: Rapé
(08 DE SEPTIEMBRE, 2026).-La gobernadora respaldó públicamente al alcalde Marco Bonilla y abrió la puerta a una continuidad política ligada al proyecto de seguridad Centinela.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aprovechó el quinto informe del alcalde Marco Bonilla para darle un respaldo que tomó el tono de un destape rumbo a la elección estatal de 2027.
Campos pidió al presidente municipal llevar los resultados de su administración a todo Chihuahua y aseguró que lo acompañará en los desafíos que emprenda.
“Ahora te toca hacerlo con la gente del mar entero”, declaró durante el acto.
El encuentro contó con dirigentes y figuras nacionales del Partido Acción Nacional.
Bonilla ofrece conservar la Torre Centinela
Bonilla ya adelantó que, si llega a la gubernatura, mantendrá en funcionamiento la Torre y la Plataforma Centinela.
“Nosotros sí utilizaríamos la Torre Centinela porque es una inversión muy importante para la seguridad de las y los chihuahuenses”, afirmó.
El alcalde atribuyó a esta infraestructura parte de la reducción de homicidios en Ciudad Juárez.
Sin embargo, las declaraciones difundidas no estuvieron acompañadas por una evaluación independiente que permita determinar cuánto corresponde específicamente a la plataforma.
Un proyecto de 4 mil 700 millones de pesos
La Plataforma Centinela fue entregada a Seguritech y su costo ha sido calculado en alrededor de 4 mil 700 millones de pesos.
La obra comenzó en agosto de 2022 y debía concluir originalmente en enero de 2024, pero acumuló más de dos años de retraso.
La Auditoría Superior del Estado documentó incumplimientos en la entrega de diversos componentes.
Seguritech pagó penalizaciones por más de 112 millones de pesos.
Agencias estadounidenses y soberanía
La controversia también alcanza el piso 18 de la Torre, destinado a la coordinación con corporaciones mexicanas y estadounidenses.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, informó que habría personal de la DEA, FBI, CBP y HSI.
Otras autoridades estatales mencionaron también a la ATF y corporaciones de Texas y Nuevo México.
La explicación oficial es que los agentes intercambiarían información y realizarían análisis, sin participar en operativos en las calles.
La presencia de personal estadounidense ya generó un conflicto entre el gobierno estatal y la Federación.
