Portada: Hitya
(31 DE AGOSTO, 2026).-La declaración de una testigo protegida acusa al estratega de desviar 2 millones de litros de combustible y facilitar vuelos de cocaína.
El estratega digital y exasesor del presidente argentino Javier Milei, Fernando Cerimedo, afronta una serie de nuevas acusaciones en Bolivia formuladas por una testigo protegida ante la Fiscalía de La Paz, las cuales incluyen señalamientos por tráfico de oro, venta clandestina de hidrocarburos y facilitación de infraestructura para el narcotráfico.
De acuerdo con la versión vertida por la abogada Nadia Beller —quien comparece bajo la figura de testigo protegida—, Cerimedo habría participado en un esquema para desviar hasta 2 millones de litros de combustible diarios pertenecientes a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para su posterior comercialización en el mercado negro, supuestamente en coordinación con Bibi Urquidi.
Contrabando de oro y facilitación aérea en Beni
La declaración incorporada al expediente periodístico de Página/12 atribuye además al estratega argentino vínculos con el intento de contrabando de 189 kilos de oro (con un valor estimado en 25 millones de dólares), cargamento que fue decomisado en julio en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando pretendía ser enviado a Dubái. Hasta la fecha, el Ministerio Público boliviano no ha confirmado una relación societaria directa entre el imputado y dicho decomiso.
Asimismo, la investigación indaga la presunta intervención de Cerimedo en la manipulación de radares y transpondedores aeronáuticos para permitir el aterrizaje clandestino de avionetas cargadas con cocaína en el departamento de Beni.
- Evidencia en allanamientos: Las acusaciones se suman a la causa por enriquecimiento ilícito, en la cual se decomisaron 100 mil dólares en efectivo y documentación sobre transferencias internacionales por otros 400 mil dólares tras cinco registros a sus propiedades.
- Postura de la defensa: Recluido en el centro penitenciario de Palmasola, Cerimedo ha rechazado enfáticamente contar con activos económicos en territorio boliviano o haber prestado servicios de asesoría a autoridades locales.
El Ministerio Público de Bolivia deberá determinar la validez probatoria de las declaraciones testimoniales antes de formular imputaciones adicionales en el proceso.
