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(26 DE AGOSTO, 2026).-La oposición convirtió el proceso contra el exgobernador de Baja California en una bandera política y acusa al gobierno de Sheinbaum de usar la justicia.
La defensa de Ernesto Ruffo Appel dejó de ser únicamente un asunto judicial y comenzó a convertirse en una nueva bandera política para la oposición.
El PAN y Somos México cerraron filas en torno al exgobernador de Baja California, actualmente preso en el penal federal del Altiplano, y acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar la justicia con fines políticos.
Desde las puertas de la Fiscalía General de la República (FGR), Verónica Ruffo, hija del exmandatario, transmitió un mensaje de su padre:
“Ya no hay República”.
Acompañada por integrantes del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, llamó a ampliar la movilización y convertir el caso en una causa por la justicia y la defensa de las instituciones.
Ruffo, de 74 años, pidió a través de su hija que su situación no se convierta en una disputa entre izquierdas y derechas.
Sin embargo, el mensaje fue retomado por dirigentes opositores, quienes utilizaron el caso para confrontar al gobierno federal y cuestionar la actuación de la Fiscalía.
Somos México acusa uso político de la justicia
Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos México, acusó una presunta utilización política de la justicia y cuestionó que Ruffo sea señalado por formar parte de una estructura de contrabando de combustibles.
El dirigente opositor sostuvo que resulta difícil atribuir el control de una operación de esa magnitud a un exgobernador que dejó el cargo hace tres décadas.
Argumentó que una red de ese alcance requeriría la participación o complicidad de distintas instituciones federales.
Acosta Naranjo incluso lanzó una advertencia directa a Sheinbaum:
“Si algo le pasa a Ernesto, asume tú tu responsabilidad histórica”.
El posicionamiento coloca el caso Ruffo entre los primeros frentes de confrontación de Somos México con el gobierno federal.
El PAN también cuestiona el proceso contra Ruffo
El respaldo también llegó desde la dirigencia panista.
Jorge Romero Herrera sostuvo que el caso evidencia un supuesto “doble rasero” en la aplicación de la justicia y puso en duda que el nivel de vida de Ruffo corresponda con las dimensiones de la operación criminal que se le atribuye.
El dirigente del PAN argumentó que, si Ruffo hubiera encabezado una estructura de contrabando de combustibles de la magnitud señalada, sería lógico encontrar un patrimonio acorde con esas ganancias.
Como contraste, destacó que el exgobernador vive en una casa de dimensiones modestas, conduce su propio automóvil y no cuenta con escoltas.
Estos argumentos forman parte de la defensa política del exmandatario y no sustituyen las pruebas que deberán presentarse y valorarse dentro del proceso judicial.
Vicente Fox y Ricardo Anaya respaldan a Ruffo
A la campaña también se sumó el expresidente Vicente Fox, quien recordó que Ruffo fue el primer gobernador de oposición de la etapa democrática moderna de México, después de ganar la gubernatura de Baja California en 1989.
Fox denunció un supuesto trato indigno y habló de “tortura psicológica” durante la permanencia de Ruffo en el Altiplano.
Las autoridades penitenciarias han rechazado previamente esas acusaciones y sostienen que el exgobernador recibe atención conforme a las normas correspondientes.
Por su parte, el senador panista Ricardo Anaya calificó la detención como una “cortina de humo” y afirmó que Ruffo es un “preso político”.
También vinculó el caso con los problemas y escándalos que han rodeado al gobierno de Baja California.
La defensa busca llevar el caso a instancias internacionales
Mientras PAN y Somos México presentan el caso como un ejemplo de presunta persecución política, la defensa de Ruffo intenta llevar el proceso también al terreno de los derechos humanos.
Emilio Álvarez Icaza, integrante del Comité Plural, informó que la organización ya comenzó a acudir a instancias internacionales.
También llamó a crear comités ciudadanos en distintas entidades del país para impulsar la liberación del exgobernador.
El comité plantea tres exigencias:
- Que Ruffo enfrente el proceso desde su domicilio.
- Que tenga un juicio público y justo.
- Que se respete su presunción de inocencia.
La defensa, integrada ahora por cuatro abogados, promovió además dos juicios de amparo: uno contra la prisión preventiva y otro contra el auto de vinculación a proceso.
Su objetivo es demostrar que Ruffo no participó en los delitos que se le imputan y conseguir que continúe su proceso en libertad.
El caso Ruffo se convierte en nuevo frente de la oposición
El proceso contra Ernesto Ruffo adquiere así una dimensión política que trasciende al propio exgobernador.
PAN y Somos México encontraron en su encarcelamiento un nuevo punto de convergencia para cuestionar al gobierno de Sheinbaum, mientras la defensa busca convertir el caso en un símbolo de una presunta crisis institucional.
No obstante, las acusaciones políticas no sustituyen el proceso judicial.
La culpabilidad o inocencia de Ruffo deberá determinarse en tribunales, a partir de las pruebas que sean presentadas y valoradas por un juez.






