Portada: El Fisgón
(12 DE AGOSTO, 2026).-El gobierno de Donald Trump intensificó su ofensiva migratoria al informar que ha revocado más de 175 mil visas desde enero de 2025, mientras el Departamento de Justicia emprendió nuevas acciones legales contra Nueva York, Connecticut y Vermont por políticas que permiten a determinados estudiantes indocumentados acceder a tarifas universitarias para residentes y apoyos económicos estatales.
El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, justificó las cancelaciones al señalar que los titulares de las visas incurrieron en violaciones a las condiciones de sus permisos, delitos, fraude, incitación a la violencia o conductas consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
De acuerdo con la dependencia, una parte importante de las revocaciones estuvo relacionada con incidentes que involucraron a autoridades policiales. Entre las causas mencionadas figuran agresiones, conducir bajo los efectos del alcohol, robos, delitos relacionados con drogas, conducción temeraria, agresiones sexuales, maltrato infantil, fraude y malversación de fondos.
Washington advirtió que continuará investigando a extranjeros que cuenten con visa y cancelará sus permisos cuando determine que representan un riesgo para la población estadounidense. La administración también reiteró que el visado constituye un privilegio y no un derecho.
Nueva batalla contra beneficios educativos para indocumentados
En paralelo, el Departamento de Justicia demandó a Nueva York, Connecticut y Vermont para impedir la aplicación de normas estatales que permiten a determinados estudiantes sin estatus migratorio regular pagar matrícula universitaria como residentes y, en algunos casos, recibir asistencia financiera pública.
El gobierno federal sostiene que estos programas podrían entrar en conflicto con la legislación nacional, particularmente porque estudiantes estadounidenses provenientes de otros estados pueden terminar pagando tarifas superiores a las establecidas para quienes califican como residentes.
En Nueva York, la demanda cuestiona disposiciones relacionadas con el NYS DREAM Act, que permite a estudiantes indocumentados y a otros alumnos que cumplen determinados requisitos solicitar ayuda económica estatal para cursar estudios superiores.
Connecticut permite desde 2011 que determinados estudiantes indocumentados accedan a tarifas de matrícula correspondientes a residentes y posteriormente amplió el alcance de algunos apoyos financieros.
En Vermont, la acción federal busca frenar disposiciones relacionadas con tarifas reducidas y asistencia económica para estudiantes que cumplen determinadas condiciones migratorias.
Ya son 17 demandas contra estados
Con estas nuevas acciones, el Departamento de Justicia acumula 17 demandas contra políticas estatales relacionadas con beneficios educativos para estudiantes indocumentados.
La administración federal asegura haber obtenido fallos favorables en casos similares en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois, mientras mantiene otros litigios en California, Nueva Jersey, Massachusetts, Maryland, Colorado y Virginia.
Ahora corresponderá a los tribunales determinar si las políticas de Nueva York, Connecticut y Vermont pueden continuar vigentes o deberán modificarse ante los argumentos presentados por el gobierno federal.
La revocación de visas y la ofensiva judicial contra programas educativos estatales forman parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración Trump, que busca ampliar el control federal sobre la permanencia de extranjeros y limitar determinados beneficios que algunos estados ofrecen a la población migrante.
