Portada: El Fisgón
(12 DE AGOSTO, 2026).-Un Tribunal Colegiado ordenó crear una Comisión de Transparencia de Archivos para localizar y preservar documentos militares sobre desapariciones y violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.
Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó la creación de una Comisión de Transparencia de Archivos para garantizar la entrega de documentos militares relacionados con la llamada “Guerra Sucia”, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se negara a proporcionar información solicitada por la historiadora y activista Alicia de los Ríos Merino.
De los Ríos busca esclarecer la desaparición de su madre, ocurrida en 1978, y promovió un amparo en 2023 al considerar que la Sedena incumplió con su obligación de entregar al Archivo General de la Nación (AGN) documentos históricos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y persecuciones políticas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que la comisión deberá integrarse de manera imparcial e incluir representantes del AGN. Entre sus funciones estará localizar, clasificar y preservar los expedientes, así como transferir aquellos documentos que puedan aportar información sobre el paradero de la madre de De los Ríos y sobre las desapariciones y violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.
La documentación también podría contribuir a reconstruir hechos, identificar responsabilidades y establecer nuevas líneas de investigación sobre personas desaparecidas durante ese periodo.
Tres años de litigio por los archivos militares
La instrucción para transferir estos archivos fue emitida durante el gobierno federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2019. De acuerdo con el Centro Prodh, la disposición incluía a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, incluida la Sedena.
Sin embargo, las organizaciones denunciaron que los archivos militares correspondientes a ese periodo no han sido entregados íntegramente al Archivo General de la Nación.
Tras aproximadamente tres años de litigio, el Tribunal Colegiado resolvió a favor de De los Ríos. Las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín votaron por conceder la protección de la justicia federal, en una decisión adoptada por mayoría.
El órgano jurisdiccional determinó que la Sedena incumplió su obligación de transparentar y entregar los expedientes relacionados con la “Guerra Sucia”.
La creación de la comisión busca ahora establecer un mecanismo para localizar y preservar estos documentos, particularmente aquellos que puedan aportar información sobre desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese periodo.
