Portada: Monero Hernández
(12 DE AGOSTO, 2026).-El exgobernador de Guerrero enfrentará proceso por su probable responsabilidad en la desaparición de los normalistas. La defensa presentó 31 datos de prueba.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas, en relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La resolución se produjo después de una audiencia que se prolongó por más de 15 horas, durante la cual la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos que, a consideración del juez, son suficientes para establecer la probable responsabilidad del exmandatario.
La defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba para intentar desacreditar la acusación. Sin embargo, el juzgador determinó que ninguno tenía fuerza suficiente para desvirtuar, en esta etapa del proceso, la hipótesis de la Fiscalía.
De acuerdo con la acusación, el exgobernador habría ordenado ocultar, eliminar y destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando fueron privados de la libertad y posteriormente desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El juez estableció un plazo de 120 días para concluir la investigación complementaria. Durante este periodo, la Fiscalía y la defensa podrán reunir y presentar nuevos elementos que serán considerados en las siguientes etapas del proceso.
La acusación contra Aguirre Rivero
Uno de los principales elementos de la investigación son los testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero, quienes señalaron que Aguirre Rivero habría ordenado desaparecer evidencias relacionadas con el caso.
Según la versión presentada por la FGR, una de ellas, identificada como Blanca “N”, entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, habría sustraído de la oficina de la presidenta de ese órgano un sobre que contenía un disco con grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la Fiscalía, las imágenes mostraban el momento en que uno de los autobuses en los que eran trasladados los normalistas llegó a las inmediaciones del inmueble.
También se observaría cómo hombres armados, algunos vestidos como policías, obligaron a los estudiantes a cambiar de vehículo antes de que el autobús abandonara la zona escoltado por personas armadas.
Para la FGR, las grabaciones constituían evidencia relevante para establecer quiénes participaron en el traslado de los estudiantes y cuál fue la ruta que siguieron después de salir de Iguala.
La acusación sostiene que el disco fue entregado a Aguirre Rivero el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes.
Posteriormente, según la Fiscalía, el entonces gobernador habría entregado el material al procurador estatal Iñaki Blanco para que fuera destruido y habría instruido a colaboradores para eliminar otras evidencias relacionadas con los hechos.
La investigación también señala al sobrino del exgobernador, Ernesto Aguirre, quien se desempeñaba como su asesor y presuntamente tenía vínculos con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, organización señalada en las investigaciones del caso.
La defensa sostiene que Aguirre estaba en Ciudad de México
De acuerdo con La Jornada, los abogados de Aguirre Rivero presentaron documentos y testimonios para intentar demostrar que el 29 de septiembre de 2014 el exgobernador se encontraba en Ciudad de México.
Según la defensa, ese día Aguirre habría sostenido una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los abogados argumentaron que esta circunstancia demostraría que el exmandatario no estaba en Guerrero cuando supuestamente recibió el disco con las grabaciones y, por tanto, tampoco habría podido ordenar su destrucción.
El juez consideró que las pruebas presentadas no eran suficientes para descartar la hipótesis de la Fiscalía durante esta fase procesal.
Aguirre permanecerá en el Altiplano
Aguirre Rivero, de 70 años, permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano mientras enfrenta el proceso por desaparición forzada.
No obstante, su defensa buscará modificar la medida cautelar para que pueda continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, con el argumento de su estado de salud.
La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva. La resolución abre una nueva etapa judicial en la investigación sobre las posibles responsabilidades de autoridades estatales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
