Portada: El Fisgón
(07 DE AGOSTO, 2026).-La Fiscalía General de la República informó que nuevas investigaciones permitieron obtener pruebas para acusar al exgobernador de Guerrero de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el presunto ocultamiento de evidencias del caso Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que una nueva línea de investigación permitió reunir elementos para solicitar y ejecutar una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, al considerar que presuntamente participó en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La detención fue cumplimentada este jueves en el Estado de México como parte de las nuevas investigaciones sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
FGR promete esclarecer el caso Ayotzinapa
Durante un mensaje a medios, la fiscal general Ernestina Godoy reiteró el compromiso de la institución con las familias de los 43 normalistas desaparecidos y aseguró que la investigación continuará hasta esclarecer plenamente los hechos.
La funcionaria explicó que el reanálisis integral del expediente permitió abrir nuevas líneas de investigación e identificar responsabilidades que, según la Fiscalía, no habían podido acreditarse anteriormente.
Las videograbaciones del Palacio de Justicia
Uno de los principales hallazgos corresponde a las grabaciones de las cámaras de vigilancia 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la FGR, dichas cámaras registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban varios estudiantes, fue interceptado por policías municipales y estatales durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Durante años se sostuvo que esas imágenes no existían debido a supuestas fallas técnicas; sin embargo, las nuevas investigaciones concluyen que esa versión no era correcta.
Testigos protegidos apuntan al exgobernador
La Fiscalía reveló que una colaboradora declaró en enero de 2026 que las videograbaciones sí existían y señaló a la persona que presuntamente las retiró para entregarlas al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero. Según su testimonio, guardó silencio durante años debido a amenazas.
Posteriormente, un segundo testigo protegido declaró en mayo que Aguirre Rivero habría ordenado, durante una reunión con funcionarios estatales, desaparecer pruebas relacionadas con los hechos de Iguala.
Con base en estos testimonios y otros elementos recabados, la FGR sostiene que el presunto ocultamiento de las grabaciones habría sido ordenado desde el más alto nivel del gobierno estatal.
FGR descarta una pérdida accidental
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que las evidencias obtenidas permiten concluir que la desaparición del material videográfico no obedeció a fallas técnicas ni a errores administrativos, sino que habría sido una acción deliberada para impedir el esclarecimiento de los hechos.
Añadió que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y que la institución continuará actuando contra cualquier persona cuya participación pueda acreditarse conforme avance el proceso.
El antecedente de Lambertina Galeana
La investigación sobre las videograbaciones ya había derivado en acciones penales contra otros exfuncionarios.
En mayo de 2025, una jueza federal dictó auto de formal prisión contra Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
La exmagistrada fue señalada por la presunta pérdida, ocultamiento o destrucción de las imágenes captadas por las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala y permanece sujeta a proceso penal.
