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(06 DE AGOSTO, 2026).-La organización pidió intensificar la búsqueda del defensor ambiental desaparecido en Michoacán e investigar el caso considerando su labor en la protección del territorio.
La organización Amnistía Internacional (AI) condenó la desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade y exigió a las autoridades mexicanas intensificar de manera urgente las labores de búsqueda para localizarlo con vida.
De acuerdo con la organización, Silva Andrade permanece desaparecido desde el 15 de julio, cuando acudió a verificar un reporte sobre presunta tala ilegal de vegetación en Michoacán.
AI alerta por el riesgo que enfrentan defensores ambientales
En un pronunciamiento, Amnistía Internacional señaló que la desaparición ocurre en un contexto de violencia e inseguridad para las personas dedicadas a la defensa del territorio y del medio ambiente en Michoacán.
La organización advirtió que las amenazas, agresiones y ataques contra activistas ambientales se han convertido en una problemática recurrente en la entidad.
Piden reforzar la búsqueda
Amnistía Internacional llamó a la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y a las autoridades estatales a coordinar esfuerzos y destinar todos los recursos necesarios para localizar al activista.
Asimismo, solicitó que la investigación contemple como principal hipótesis su labor como defensor ambiental, al considerar que esta línea debe privilegiarse conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección de personas defensoras de derechos humanos.
Solicitan protección para la familia y la comunidad
La organización también pidió la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de evaluar e implementar medidas de seguridad para la familia de José Luis Silva Andrade y para los integrantes de la comunidad de Agua Fría que participan en la defensa del territorio.
AI sostuvo que estas acciones son indispensables para prevenir nuevas agresiones y recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan labores de protección ambiental.
