Portada: Monero Hernández
(05 DE AGOSTO, 2026).-El periodista Sergio Sarmiento respondió a las referencias hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo, donde se difundió un fragmento de un debate televisivo del año 2000 para ilustrar la discusión sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias.
En una columna publicada en Reforma, Sarmiento aseguró que el video fue presentado fuera de contexto y sostuvo que el material difundido alteró el sentido de su intervención original. No obstante, aprovechó el episodio para reiterar que la regulación de los derechos de las audiencias constituye un mecanismo de censura, una postura que el Gobierno federal rechaza y que continúa siendo objeto de debate público.
Acusa edición del video
En su texto, titulado “Mentir para censurar”, Sarmiento afirmó que el fragmento mostrado por la Presidencia corresponde a un debate celebrado en mayo del año 2000 sobre la elección presidencial de ese año y no a una discusión relacionada con la regulación de los medios de comunicación.
Según explicó, durante la conferencia únicamente se reprodujo la parte en la que señalaba que los medios de comunicación “muchas veces mienten”, mientras que se omitió el resto de su intervención, donde defendía la existencia de leyes contra la difamación y la calumnia.
A juicio del periodista, esa edición modificó el contexto de sus palabras y proyectó una versión incompleta de su postura.
Insiste en que la regulación equivale a censura
Más allá de la controversia por el video, Sarmiento reiteró que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias representan un intento de controlar el contenido de los medios de comunicación.
También cuestionó que la conferencia matutina no otorgue derecho de réplica a quienes son mencionados o criticados desde ese espacio y consideró que la difusión reiterada del video tuvo el propósito de exhibirlo públicamente.
Sin embargo, el periodista volvió a equiparar regulación con censura, pese a que el Gobierno sostiene que los lineamientos únicamente obligan a los concesionarios de radio y televisión a contar con un código de ética, un defensor de las audiencias y mecanismos para recibir quejas, sin facultar a la autoridad para sancionar contenidos periodísticos o editoriales.
El antecedente del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia
La discusión también reavivó un episodio ocurrido durante el sexenio de Felipe Calderón. El 24 de marzo de 2011, más de 700 medios de comunicación firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, presentado en el Museo Nacional de Antropología y conducido por Sergio Sarmiento y Carlos Loret de Mola.
El acuerdo establecía un decálogo de criterios editoriales para la cobertura de la violencia vinculada al crimen organizado, entre ellos:
- Expresar una postura explícita contra la violencia.
- Evitar convertirse en voceros involuntarios del crimen organizado.
- Dimensionar adecuadamente la información.
- No victimizar ni enaltecer a los delincuentes.
- Establecer criterios editoriales verificables.
- Evitar difundir material cuya publicación pudiera interferir con investigaciones.
- Limitar la difusión de imágenes de extrema violencia.
- Crear un comité ciudadano para supervisar el cumplimiento del acuerdo.
Los impulsores sostuvieron que se trataba de un mecanismo de autorregulación ética inspirado en experiencias internacionales para evitar que los grupos criminales utilizaran a los medios como herramientas de propaganda.
No obstante, el acuerdo también recibió críticas de distintos sectores, que lo calificaron como un “pacto de silencio” o un ejercicio de autocensura impulsado durante la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Medios como Reforma, La Jornada y MVS decidieron no adherirse a esa iniciativa.
Continúa el debate
La polémica ocurre mientras siguen en consulta pública los lineamientos sobre los derechos de las audiencias previstos en la nueva Ley de Radio y Televisión.
Mientras periodistas y actores de la oposición sostienen que estas disposiciones podrían abrir la puerta a mecanismos de censura, el Gobierno federal afirma que las medidas únicamente buscan garantizar el derecho constitucional de las audiencias a recibir información transparente y fortalecer la autorregulación de los propios medios mediante sus códigos de ética y defensores de las audiencias.
