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(11 DE MAYO, 2026).-El CIPOG-EZ acusó al grupo criminal Los Ardillos de atacar comunidades nahuas de Chilapa con drones y armas de alto calibre. Sheinbaum anunció refuerzo de seguridad.
Más de mil familias indígenas nahuas de comunidades de Chilapa, Guerrero, fueron desplazadas tras ataques armados y con drones atribuidos al grupo criminal Los Ardillos, denunció el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
Las comunidades afectadas son Tula, Xicotlán, Acahuetlán y Alcozacán, ubicadas en la Montaña Baja de Guerrero.
De acuerdo con el CIPOG-EZ, los ataques se intensificaron desde el 6 de mayo y obligaron a decenas de familias a abandonar sus viviendas y refugiarse en cerros y zonas montañosas.
Sheinbaum anuncia refuerzo de seguridad
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso fue abordado durante la reunión del Gabinete de Seguridad y aseguró que el gobierno federal reforzará la presencia de la Guardia Nacional en la zona.
La mandataria indicó que las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana trabajarán con las comunidades desplazadas para brindar protección y facilitar el regreso a sus localidades.
“Pasamos la noche huyendo”: mujeres indígenas
En un comunicado difundido el 10 de mayo, mujeres nahuas denunciaron que pasaron el Día de las Madres huyendo de los ataques.
“Pasamos la noche huyendo, cargando a nuestros hijos e hijas para escapar de la balacera y los ataques del grupo narco paramilitar ‘Los Ardillos’”, señalaron.
Las denunciantes afirmaron que varias familias tuvieron que ocultarse en el monte por temor a ser encontradas por hombres armados.
El CIPOG-EZ sostuvo que los ataques incluyen disparos desde cerros cercanos y el uso de drones explosivos.
Denuncian omisión de autoridades
El Consejo acusó a autoridades federales y estatales de no actuar frente a la violencia.
“Denunciamos la complicidad y responsabilidad de los tres niveles de gobierno”, señaló la organización en uno de sus comunicados.
El grupo también criticó que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército acudieron únicamente “para tomarse fotos”, sin detener agresiones ni garantizar seguridad.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos.
Testimonios de desplazamiento y miedo
Una madre de familia originaria de Tula relató que tuvo que escapar con sus hijos tras ataques con drones y armas de grueso calibre.
“Saqué a mis gemelos como pude, ya habían destrozado mi puerta con tantos balazos”, narró en un testimonio difundido por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
La mujer denunció que las familias viven bajo amenazas constantes y acusó falta de respuesta efectiva de las autoridades.
Más de una década de violencia
El CIPOG-EZ afirmó que la violencia contra las comunidades indígenas de la región se ha prolongado durante más de diez años.
Según la organización, entre 2015 y 2026 han sido asesinados 76 integrantes de las comunidades y otras 25 personas permanecen desaparecidas.
La organización también recordó el asesinato de 10 músicos indígenas de Alcozacán en enero de 2020, caso que se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia en la región.
Exigen presencia permanente del Estado
Las comunidades demandaron presencia efectiva de fuerzas de seguridad y garantías para regresar a sus hogares.
“No queremos más palabras vacías. Queremos regresar a nuestras casas y comunidades sin miedo”, expresaron las mujeres indígenas en su pronunciamiento.
