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(5 de junio, 2026).- La justicia colombiana confirmó que el hermano del expresidente Álvaro Uribe participó en la creación y financiamiento del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”, señalado por cientos de homicidios en Antioquia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez por su responsabilidad en la conformación y financiamiento del grupo paramilitar conocido como “Los Doce Apóstoles”.
Con esta decisión, el máximo tribunal confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Antioquia en noviembre de 2025, cerrando uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el paramilitarismo colombiano.
La resolución también mantiene una multa equivalente a 6 mil 500 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 20 años.
Corte concluye que participó en una estructura paramilitar
Según el fallo, Santiago Uribe fue hallado responsable de los delitos agravados de concierto para delinquir y homicidio.
Los magistrados determinaron que participó activamente en la organización y financiamiento de “Los Doce Apóstoles”, grupo armado ilegal que operó principalmente en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia.
De acuerdo con la sentencia, la organización ejecutó asesinatos selectivos mediante listas de objetivos y acciones de denominada “limpieza social”.
Grupo estaría vinculado a más de 500 homicidios
Información recopilada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señala que “Los Doce Apóstoles” habrían estado involucrados en al menos 525 homicidios cometidos en Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos.
La Corte también confirmó la responsabilidad de Santiago Uribe en el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de transporte público asesinado en febrero de 1994 mientras cubría la ruta entre Yarumal y Campamento.
Las investigaciones concluyeron que este crimen formó parte de las acciones ejecutadas por la estructura paramilitar.
Testimonios de exjefes paramilitares respaldaron la acusación
Para sustentar la condena, la justicia evaluó cerca de 80 testimonios de exintegrantes de organismos de seguridad, trabajadores rurales y antiguos miembros de grupos armados.
Entre las pruebas consideradas figuran declaraciones de excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Salvatore Mancuso, Daniel Rendón Herrera y Diego Fernando Murillo Bejarano.
Según esos testimonios, Santiago Uribe financió estructuras paramilitares y permitió el uso de su hacienda La Carolina para reuniones, entrenamientos y planeación de operaciones.
Un proceso judicial que se extendió por tres décadas
La investigación comenzó formalmente en 1995, fue archivada años después y permaneció estancada hasta que nuevas pruebas permitieron su reapertura en 2010.
Tras más de una década adicional de diligencias y audiencias, los tribunales colombianos concluyeron que existían elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal de Santiago Uribe.
Analistas consideran que se trata de una de las decisiones judiciales más significativas sobre los vínculos entre estructuras paramilitares y sectores de poder regional durante el conflicto armado colombiano.
Álvaro Uribe expresa respaldo a su hermano
Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó públicamente su apoyo a Santiago Uribe.
A través de un mensaje difundido en la red social X, calificó el fallo como un golpe doloroso para su familia.
Por su parte, la defensa del condenado ha sostenido que el proceso estuvo marcado por presuntas irregularidades, incluidos supuestos falsos testimonios y campañas mediáticas que habrían influido en la percepción pública del caso.
Un fallo clave sobre el paramilitarismo en Colombia
La ratificación de la condena se produce en medio de los debates aún vigentes sobre la responsabilidad de actores políticos, económicos y armados durante las décadas más intensas del conflicto colombiano.
La decisión de la Corte Suprema consolida una de las sentencias más relevantes emitidas contra figuras vinculadas a las élites regionales en el marco de las investigaciones por paramilitarismo y violaciones a los derechos humanos en Colombia.
