Portada: iStock
(6 DE MAYO, 2026).-La empresa admitió violaciones a derechos laborales en Camino Rojo y reconoció indicios de actividad criminal en sus operaciones.
La minera canadiense Orla Mining anunció cambios en la operación de su mina Camino Rojo, en Zacatecas, tras la resolución de un panel del T-MEC que determinó violaciones a derechos laborales fundamentales.
El fallo, emitido en marzo de 2026, concluyó que en la mina —ubicada en Mazapil— se negaron derechos de libertad de asociación y negociación colectiva a trabajadores.
Reconocen fallas y anuncian cambios
En un comunicado fechado el 4 de mayo, la empresa informó que implementará medidas para reforzar la supervisión interna, garantizar la neutralidad sindical y fortalecer la seguridad en sus instalaciones.
El director ejecutivo de la compañía, Jason Simpson, aseguró que la empresa reconoce la gravedad de las conclusiones del panel y que busca “fortalecer las operaciones” de la mina.
Entre las acciones anunciadas se encuentran:
- nombramiento de nuevos responsables de cumplimiento,
- implementación de una política de derechos laborales,
- capacitación obligatoria para personal,
- y refuerzo de mecanismos de denuncia interna.
Indicios de actividad criminal
Uno de los elementos más sensibles del caso es el reconocimiento de la empresa sobre la detección de posibles actividades criminales dentro de la mina desde 2025.
Orla Mining indicó que contrató asesoría externa para investigar estos hechos y notificó a autoridades de México, Canadá y Estados Unidos, con quienes asegura colaborar.
Un caso que trasciende lo laboral
La resolución del panel del T-MEC se enmarca en el mecanismo laboral de respuesta rápida, diseñado para atender violaciones a derechos sindicales en la región.
El caso de Camino Rojo ha sido señalado como uno de los más relevantes en México por involucrar no solo incumplimientos laborales, sino también denuncias de intimidación a trabajadores.
Contexto: presión sindical y vigilancia internacional
El conflicto ocurre en medio de denuncias del Sindicato Nacional Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, quien ha advertido sobre la posible infiltración del crimen organizado en empresas del sector.
Además, el caso pone bajo escrutinio la actuación del Estado mexicano frente a violaciones laborales en industrias estratégicas, en un contexto donde el T-MEC contempla sanciones comerciales en caso de incumplimiento.
Entre cumplimiento y presión reputacional
Aunque la empresa sostiene que ya había implementado medidas correctivas, el panel determinó que estas eran insuficientes, lo que obligó a nuevas acciones.
El episodio abre cuestionamientos sobre la capacidad de las empresas extractivas para operar en entornos de riesgo, así como sobre la efectividad de los mecanismos internacionales para proteger derechos laborales.
