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(30 DE ABRIL, 2026).-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no permitirá la injerencia de autoridades extranjeras en decisiones que competen exclusivamente a México, al referirse a las solicitudes de extradición y acusaciones formuladas por Estados Unidos contra funcionarios públicos de Sinaloa.
Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas contundentes, al tiempo que reiteró que su administración no protegerá a ninguna persona en caso de que existan elementos sólidos que acrediten responsabilidades.
“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro de México”, afirmó.
Sheinbaum cuestionó la solidez de la información presentada por el gobierno estadounidense, al señalar que el expediente dado a conocer se compone principalmente de un relato sin pruebas concluyentes. Indicó que, hasta ahora, uno de los elementos exhibidos consiste en un documento escrito a mano sobre presuntos sobornos, lo que —dijo— deberá ser evaluado por las autoridades competentes.
En ese sentido, enfatizó que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de analizar las solicitudes de extradición y determinar si existen elementos legales para proceder conforme al marco jurídico nacional.
La presidenta también calificó el caso como un hecho inédito en la relación bilateral con Estados Unidos, al señalar que no existen antecedentes de solicitudes de extradición contra funcionarios en funciones de este nivel.
Como referencia, recordó el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020 y posteriormente liberado tras no acreditarse pruebas suficientes en su contra.
Finalmente, Sheinbaum explicó que la Fiscalía iniciará el proceso correspondiente de investigación y precisó que, hasta el momento, la embajada de Estados Unidos no ha informado sobre nuevas solicitudes adicionales.
La mandataria reiteró que su postura se basa en los principios de soberanía, legalidad y justicia, y sostuvo que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas “contundentes e irrefutables” dentro del sistema jurídico mexicano.
