Portada: Monero Rapé
(30 DE ABRIL, 2026).-La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno mexicano analizará las solicitudes de extradición enviadas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, al tiempo que advirtió que los documentos remitidos no contienen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.
De acuerdo con la cancillería, las solicitudes fueron recibidas el pasado 28 de abril a las 18:00 horas por conducto del gobierno estadounidense y, conforme al marco legal vigente, ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis.
FGR evaluará viabilidad jurídica
La SRE detalló que el procedimiento se apega a lo establecido en la Ley de Extradición Internacional, por lo que corresponderá a la FGR determinar si existen elementos probatorios que permitan proceder conforme a la legislación mexicana.
No obstante, tras una revisión jurídica preliminar en el contexto del Tratado de Extradición bilateral, la dependencia señaló que los expedientes enviados por la Embajada de Estados Unidos carecen de evidencias suficientes para acreditar la responsabilidad de las personas señaladas.
Pese a ello, subrayó que será la autoridad ministerial mexicana la que defina si las solicitudes cumplen con los requisitos legales para su eventual trámite.
Reclamo diplomático por difusión del caso
En paralelo, la cancillería anunció que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos en México por la forma en que la información fue difundida públicamente.
La SRE recordó que los tratados internacionales en materia de extradición contemplan disposiciones específicas de confidencialidad, por lo que consideró inapropiada la divulgación anticipada de los documentos por parte de las autoridades estadounidenses.
Caso escala en la relación bilateral
Las solicitudes de extradición forman parte de las acusaciones presentadas recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra una decena de funcionarios mexicanos, a quienes señala de presuntos vínculos con el narcotráfico.
El caso ha generado tensiones entre ambos países, al tratarse de un hecho sin precedentes que involucra a un gobernador en funciones y que abre un nuevo frente en la relación bilateral en materia de seguridad, justicia y soberanía.
