Portada: El Fisgón
(30 DE ABRIL, 2026).-El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, fueron acusados formalmente por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de armas, de acuerdo con una imputación presentada ante un tribunal federal en Manhattan.
La acusación, elaborada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que los señalados habrían utilizado sus cargos públicos para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”, a cambio de sobornos.
Según el documento, los delitos imputados contemplan penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua. No obstante, el expediente describe presuntos mecanismos de operación sin detallar públicamente pruebas documentales específicas o evidencias concretas.
Los funcionarios señalados
Además de Rocha Moya, la acusación involucra a:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega, exfuncionario estatal
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exmando policial
- Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial
- Gerardo Mérida Sánchez, exmando policial
- José Antonio Dionisio Hipólito, exmando policial
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, exjefe policial, quien enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte
De acuerdo con el Department of Justice, los acusados habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Señalamientos sobre la elección de 2021
La imputación sostiene que Rocha Moya habría recibido apoyo de integrantes de “Los Chapitos”, vinculados a Joaquín Guzmán Loera, para obtener la gubernatura en 2021.
Según la fiscalía, el grupo criminal habría recurrido a intimidaciones, secuestros y presiones contra adversarios políticos. Incluso, se señala que durante la jornada electoral se habrían robado urnas y boletas, además de que mandos policiales habrían ordenado no intervenir ante posibles delitos electorales.
Presunta red de protección
El documento también atribuye a los acusados funciones como la protección de líderes criminales, el suministro de información confidencial de corporaciones de seguridad y la omisión deliberada de acciones contra el cártel.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, se le acusa de participar en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de sus familiares.
Como parte de los elementos presentados, la fiscalía difundió imágenes de supuestas anotaciones manuscritas relacionadas con pagos mensuales del cártel a funcionarios, aunque sin mayor detalle público sobre su verificación.
Un caso sin precedentes
La acusación representa un hecho inédito, al tratarse de la primera ocasión en que un gobernador mexicano en funciones es imputado formalmente en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El caso ha sido comparado con procesos anteriores como el de Genaro García Luna, declarado culpable en 2023 por cargos similares, y el del general Salvador Cienfuegos Zepeda, cuyo proceso fue retirado por falta de pruebas.
Antecedentes y controversia
El nombre de Rocha Moya ya había sido mencionado previamente en una carta atribuida a Ismael Zambada García, líder histórico del Cártel de Sinaloa, difundida en 2024. En dicho documento se aludía a un presunto conflicto político en la entidad, aunque sin afirmar directamente la participación del mandatario en actividades ilícitas.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas han señalado que será la Fiscalía General de la República la encargada de analizar las solicitudes de extradición y determinar si existen elementos legales para proceder conforme al marco jurídico nacional.
