Portada: Monero Hernández
(30 DE ABRIL, 2026).-La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que iniciará una investigación independiente para determinar si existen datos de prueba que respalden las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, advirtió que la solicitud enviada por Washington “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
Cuestionan difusión de información confidencial
Durante un mensaje a medios, el funcionario señaló que el gobierno estadounidense hizo pública información que debía mantenerse bajo reserva, lo que —afirmó— contraviene normas procesales internacionales.
En ese sentido, citó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual establece que este tipo de documentación debe manejarse con carácter confidencial.
“Revelar dichos datos con fines distintos podría afectar la naturaleza de los procedimientos penales y vulnerar las reglas procesales”, sostuvo.
Procedimiento deberá ajustarse a la ley mexicana
Pese a las críticas, la FGR aseguró que seguirá los protocolos legales para determinar la viabilidad de las solicitudes de extradición, mismas que ya fueron turnadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Lara recordó que, en casos que involucren a funcionarios con fuero —como gobernadores o legisladores—, es necesario un juicio de procedencia previo para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción judicial.
“La Fiscalía debe actuar con respeto absoluto a la soberanía nacional”, subrayó.
“Narconómina”, el principal elemento de la acusación
Hasta ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado como principal evidencia una serie de fotografías de listas manuscritas que, según su versión, corresponden a una red de sobornos operada por la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, ligada al Cártel de Sinaloa.
Estas notas, descritas como una “narconómina”, contendrían registros de pagos mensuales a funcionarios de corporaciones policiacas, la fiscalía estatal y el gobierno municipal de Culiacán.
De acuerdo con la acusación, el “jefe de plaza” recibía mensualmente dinero en efectivo acompañado de una lista con nombres y montos asignados.
Entre los funcionarios mencionados en el expediente figuran:
- Dámaso Castro Saavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- José Antonio Dionisio Hipólito
- Juan Valenzuela Millán
Los pagos, según el documento, fluctuaban entre 30 mil pesos y hasta 2 millones de pesos mensuales.
EU señala red de protección al crimen organizado
El gobierno estadounidense sostiene que, a cambio de estos recursos, la organización criminal habría operado con amplios márgenes de impunidad en Sinaloa, incluyendo acceso a información sobre operativos, protección institucional y participación de cuerpos de seguridad en acciones contra grupos rivales.
Las acusaciones forman parte de un caso que ha escalado a nivel diplomático y que, por su alcance —al involucrar a un gobernador en funciones—, representa un episodio inédito en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de justicia y seguridad.
