Portada: Monero Fer
(30 DE ABRIL, 2026).-La acusación por narcotráfico presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de la entidad, detalla la presunta existencia de una red sistemática de sobornos operada por la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, vinculada al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el expediente difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la estructura de corrupción incluía pagos periódicos a mandos policiacos, funcionarios de procuración de justicia y autoridades municipales, a cambio de protección institucional para las operaciones del grupo criminal.
“Narconómina” y pagos mensuales
Como parte de los elementos presentados, la acusación incorpora imágenes de lo que describe como una “narconómina” escrita a mano, en la que se registran montos mensuales destinados a diversos funcionarios públicos.
Según el documento, el llamado “jefe de plaza” en Culiacán recibía cada mes una caja con dinero en efectivo enviada por líderes de “Los Chapitos”, acompañada de una lista con nombres y cantidades asignadas.
“El jefe de plaza de Culiacán suele recibir […] una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario”, señala el expediente.
Aunque no se identifica directamente al operador encargado de distribuir los recursos, sí se mencionan diversos perfiles dentro de la estructura estatal.
Funcionarios señalados en la acusación
Entre los nombres referidos en la imputación destacan:
- Dámaso Castro Saavedra, quien presuntamente recibía 200 mil pesos mensuales bajo el alias “Culiacán Regio”.
- Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, con pagos de hasta 300 mil pesos mensuales.
- José Antonio Dionisio Hipólito, con 100 mil pesos mensuales.
- Juan Valenzuela Millán, con 30 mil pesos mensuales.
Además, aunque no aparece en las imágenes, el expediente menciona a Gerardo Mérida Sánchez, quien presuntamente habría recibido hasta 100 mil dólares mensuales.
También se incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, señalado por recibir pagos superiores a 10 mil dólares por entrega.
Protección institucional al crimen organizado
De acuerdo con la acusación, estos pagos habrían permitido al grupo criminal operar con amplios márgenes de impunidad en el estado, incluyendo:
- Acceso a información confidencial sobre operativos.
- Protección de cargamentos de droga.
- Intervención directa de cuerpos policiales en favor del cártel.
- Ejecución de actos violentos contra grupos rivales.
Las autoridades estadounidenses sostienen que esta red facilitó el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia su territorio.
Un caso en disputa y bajo revisión
Pese a la gravedad de los señalamientos, el caso se mantiene en una fase inicial de disputa política y jurídica. Como se ha informado previamente, el gobierno mexicano ha cuestionado la falta de pruebas contundentes en la solicitud de extradición, mientras la Fiscalía General de la República analiza si existen elementos suficientes para proceder conforme a la legislación nacional.
En paralelo, el propio Rubén Rocha Moya ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como infundadas y con posibles motivaciones políticas.
El caso, que incluye solicitudes de extradición y podría derivar en penas de hasta cadena perpetua en Estados Unidos, ha escalado rápidamente a uno de los episodios más delicados en la relación bilateral reciente en materia de seguridad y soberanía.
