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(01 DE ABRIL, 2026).-El Parlamento de Israel aprobó una controvertida legislación que autoriza la aplicación de la pena de muerte contra palestinos condenados por asesinar a israelíes, decisión que provocó críticas inmediatas de organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes calificaron la medida como discriminatoria e inhumana. La Autoridad Nacional Palestina denunció la norma como un intento de “legitimar las ejecuciones extrajudiciales”.
La iniciativa representa la culminación de varios años de presión por parte de sectores de extrema derecha israelíes que buscaban endurecer las sanciones contra palestinos acusados de delitos nacionalistas. El primer ministro, Benjamin Netanyahu —sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional— acudió personalmente al recinto parlamentario para participar en la votación.
Con 62 votos a favor y 48 en contra, el proyecto fue aprobado en su fase final entre aplausos de legisladores oficialistas. Netanyahu permaneció sentado, sin emitir declaraciones ni mostrar reacción pública, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, principal impulsor de la iniciativa, celebró agitando una botella tras la aprobación.
La ley establece la pena capital —mediante ahorcamiento— como castigo predeterminado para palestinos de la Cisjordania reocupada condenados por ataques mortales catalogados como actos de terrorismo. Aunque el texto contempla la posibilidad de aplicar la misma sanción a ciudadanos israelíes por delitos similares, especialistas jurídicos señalan que su redacción limita en la práctica la aplicación casi exclusivamente a palestinos y deja fuera a ciudadanos judíos israelíes.
La normativa no tendrá efectos retroactivos, por lo que no se aplicará a los presos actualmente detenidos por Israel, incluidos combatientes vinculados con Hamas responsables del ataque del 7 de octubre de 2023, hecho que detonó la guerra en la Franja de Gaza, conflicto en el que han muerto más de 72 mil palestinos.
La legislación entraría en vigor dentro de 30 días, aunque enfrenta ya desafíos legales. Minutos después de su aprobación, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo para frenar su implementación, argumentando que la norma es “discriminatoria por diseño” y que fue promulgada sin autoridad legal sobre los palestinos de Cisjordania, quienes no poseen ciudadanía israelí.
Amichai Cohen, investigador del Centro de Valores e Instituciones Democráticas del Instituto Democracia de Israel, sostuvo que el Parlamento israelí carece de competencia para legislar en Cisjordania, al no tratarse de territorio soberano del Estado israelí. Diversos miembros de la coalición gobernante han expresado abiertamente su intención de anexar esa región.
Desde la oposición, el legislador laborista Gilad Kariv criticó especialmente la disposición que permite imponer la pena de muerte sin un veredicto unánime. “Una ley en la que alguien puede ser condenado a muerte sin unanimidad. ¿Es esto justo? ¿Es esta la santidad de la vida que enseña la tradición israelí?”, cuestionó, al advertir además que la medida contradice el derecho internacional y podría exponer a soldados y funcionarios penitenciarios a acusaciones de crímenes de guerra.
Algunos diputados abandonaron el recinto antes de concluir la votación, entre ellos Aida Sliman, integrante del partido judío-árabe de izquierda Hadash.
La reacción internacional fue inmediata. Los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia difundieron una declaración conjunta en la que pidieron a Israel desistir de la medida, calificándola como “discriminatoria de facto” y señalando que la pena de muerte carece de eficacia disuasoria y resulta éticamente cuestionable.
Aunque la legislación israelí contempla técnicamente la pena capital para delitos como genocidio, espionaje en tiempos de guerra y ciertos actos de terrorismo, Israel no ha ejecutado a ningún condenado desde 1962, cuando fue ajusticiado el criminal nazi Adolf Eichmann.
El movimiento Hamas afirmó que la nueva ley confirma “la naturaleza sanguinaria de la ocupación” israelí, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que Washington “respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y las penas para las personas condenadas por terrorismo”.
