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(30 DE MARZO, 2026).-Colectivos de familiares de personas desaparecidas instalaron un “muro de la memoria para la verdad y la justicia” en las inmediaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, donde colocaron decenas de fotografías de sus seres queridos como una forma de visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
La estructura, de 1.22 por 2.44 metros, reúne imágenes de víctimas provenientes de distintas entidades. Entre ellas se encuentran Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Ajusco, alcaldía Tlalpan; Julio César Cervantes Cabañas, visto por última vez el 20 de septiembre de 2021 en Álvaro Obregón, y Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 22 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
También figuran casos de otras regiones del país, como el de Alejandro Alfonso Moreno, desaparecido en Monterrey, Nuevo León, el 27 de enero de 2011; Ulises Campos, ausente desde agosto de 2018 en Michoacán, y Axel Martínez, desaparecido el 28 de diciembre de 2022 en Tamaulipas, entre muchos más.
Los colectivos participantes, entre ellos Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia, colocaron además una jardinera con plantas y flores al pie del muro. Explicaron que el objetivo es confrontar simbólicamente a las autoridades con los rostros de las víctimas.
“Queremos humanizar la burocracia para que cada funcionario que entre a trabajar tenga que mirar a quienes seguimos buscando”, expresaron, al señalar que detrás de cada expediente existe una historia de vida truncada y familias que continúan exigiendo justicia.
Durante la instalación, los familiares afirmaron que el memorial busca impedir que los nombres de las personas desaparecidas caigan en el olvido y llamar la atención de una sociedad que, consideraron, aún no dimensiona la magnitud de la crisis humanitaria en México. No obstante, manifestaron su esperanza de que más ciudadanos se sumen a su causa.
Asimismo, recordaron que un muro similar fue colocado en enero de 2020 frente a la entonces sede de la Fiscalía General de la República, sobre avenida Insurgentes, el cual fue retirado en abril de 2024 por funcionarios federales, acción que atribuyeron a decisiones coordinadas entre autoridades capitalinas y federales.
En otro posicionamiento, los colectivos cuestionaron la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas realizada por el gobierno federal, al considerar que busca reducir artificialmente las cifras oficiales. “No aceptamos números construidos a espaldas de quienes buscamos”, señalaron, al acusar que se intenta minimizar la dimensión de la tragedia.
Los familiares reiteraron que continuarán utilizando espacios públicos para mantener viva la memoria de sus seres queridos y presionar por avances reales en las investigaciones.
