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(27 DE MARZO, 2026).-La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que fue imputado Osmar “N”, un adolescente de 15 años, por los delitos de feminicidio y portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, relacionados con el asesinato de las docentes María del Rosario Sagrero y Tatiana Bedolla, ocurrido el pasado 24 de marzo en una preparatoria privada del municipio de Lázaro Cárdenas.
La audiencia inicial fue encabezada por un juez especializado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial estatal y se desarrolló a puerta cerrada dentro del Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes.
Durante la diligencia, la defensa del menor solicitó la duplicidad del término constitucional, con el propósito de ampliar el plazo legal para que el juzgador determine si será vinculado a proceso. La petición fue concedida conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo lunes. En tanto, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva justificada.
Arma fue trasladada en funda de guitarra
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, reveló que el estudiante habría ocultado el arma utilizada en el ataque dentro de una funda de guitarra para introducirla al plantel educativo sin levantar sospechas.
Según explicó el funcionario en entrevista, el joven trasladó desde su domicilio un fusil de asalto tipo AR-15 —arma larga considerada de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas— y posteriormente disparó directamente contra las profesoras dentro de la institución educativa Anton Makarenko.
Las investigaciones confirmaron que el rifle carece de registro oficial, luego de consultas realizadas ante la Secretaría de la Defensa Nacional y corporaciones de seguridad locales, por lo que su posesión es ilegal.
De acuerdo con las indagatorias, el propio adolescente declaró haber tomado el arma de la vivienda donde residía con su madre y su padrastro, quien presuntamente formaría parte de una corporación federal.
La Fiscalía estatal continúa con la integración de la carpeta de investigación mientras avanza el proceso judicial para determinar la situación jurídica del menor.
