Portada: Cintia Bolio
(26 DE MARZO, 2026).-Andrea Maylin Chino Ramos, activista feminista y madre de una niña de dos años, fue víctima de feminicidio luego de haber sobrevivido previamente a un intento de asesinato por razones de género, agresión por la que logró obtener una sentencia contra su atacante tras enfrentar un proceso judicial marcado por la revictimización institucional.
De acuerdo con información difundida por colectivos y personas cercanas al caso, la joven había denunciado violencia extrema y emprendió una batalla legal para que su agresor fuera sancionado, convirtiéndose en un referente de resistencia frente a la violencia feminicida y las fallas del sistema de justicia.
El primer ataque, del que logró salir con vida, implicó un proceso prolongado en el que —según denunciaron activistas— enfrentó obstáculos legales y trato revictimizante mientras buscaba justicia. Finalmente, consiguió una sentencia condenatoria contra su agresor.
Sin embargo, un segundo acto de violencia terminó con su vida, configurando lo que organizaciones feministas han señalado como un doble feminicidio: uno simbólico e institucional durante el proceso judicial, y otro material que culminó en su asesinato.
Colectivos de defensa de los derechos de las mujeres han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva del caso, así como garantías de protección efectivas para víctimas de violencia de género que, aun después de denunciar y obtener justicia, continúan en situación de riesgo.
El feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos ha reavivado el debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección para mujeres sobrevivientes de violencia y la necesidad de fortalecer políticas públicas que prevengan la reincidencia de agresiones letales.
