Portada: Monero Hernández
(24 DE MARZO, 2026).-El debate en torno al llamado Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum sigue escalando en el Congreso, luego de que legisladores oficialistas, aliados y oposición fijaran posturas encontradas sobre la revocación de mandato y el futuro de la iniciativa, mientras continúan las revisiones técnicas del dictamen en el Senado.
La mandataria federal defendió públicamente su propuesta, particularmente la posibilidad de adelantar la revocación de mandato para realizarla en 2027 o 2028. Argumentó que empatar el ejercicio con procesos electorales permitiría evitar una nueva instalación de casillas en caso de que la ciudadanía solicite el mecanismo. Recordó que en el ejercicio de 2022 solo se instaló una tercera parte de las casillas y aun así participaron 16 millones de personas.
Sheinbaum sostuvo además que la legislación vigente permite al titular del Ejecutivo pronunciarse sobre el proceso de revocación. “¿Qué problema tiene que el presidente sujeto a revocación de mandato le hable a la gente para que decida si nos quedamos o nos vamos?”, cuestionó, al tiempo que rechazó que ello represente una ventaja electoral. Añadió que, si la ciudadanía evaluara negativamente a la presidenta, ningún posicionamiento público cambiaría el sentido del voto.
También aclaró que la reforma no obligará a que todos los municipios tengan 15 regidores, pues aquellos que actualmente cuentan con menos no estarán obligados a incrementar ese número.
Mientras tanto, en el Senado continúan las negociaciones internas. El coordinador del PT en la Cámara alta, Alberto Anaya, reiteró su exigencia de modificar la iniciativa para eliminar la posibilidad de que la revocación de mandato se realice en 2027 y coincida con las elecciones intermedias. En una breve declaración tras salir de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), acompañado por el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, afirmó que aunque el dictamen se revisa por “problemas de técnica jurídica”, el debate de fondo es precisamente la fecha del mecanismo de revocación.
Por separado, Mier sostuvo que ese punto no está sujeto a discusión, tal como lo expresó la presidenta en su conferencia matutina. Indicó que otros aspectos de la iniciativa sí se analizan en las comisiones dictaminadoras y no descartó que la aprobación en el pleno ocurra después del periodo de Semana Santa.
Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, informaron en conferencia conjunta que realizan una revisión exhaustiva de técnica legislativa tras recibir observaciones de gobernadores, académicos y diversos sectores. Inzunza subrayó que el Senado no actuará bajo presiones políticas ni por premura de tiempo.
“Que quede claro, nadie va a presionar el Senado para que dictaminemos de una u otra manera”, afirmó, al señalar que se escucharán todas las opiniones, pero se respetará la decisión mayoritaria del pleno. Añadió que la modificación al artículo 35 constitucional —que permitiría realizar la revocación en el tercer o cuarto año del gobierno— no otorga ventajas electorales a Morena, ya que el proceso solo puede activarlo la ciudadanía.
Ambos legisladores descartaron que el PT vuelva a frenar la reforma y señalaron que la reunión de comisiones suspendida podría realizarse mañana o el miércoles, una vez concluido el dictamen que se analiza junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. Cantón Zetina estimó que la aprobación podría darse “más pronto de lo que parece” e incluso esta misma semana, aunque reconoció que también podría posponerse hasta después de Semana Santa. Recordó además que el Congreso tiene margen hasta el 30 de mayo para aprobar modificaciones constitucionales.
